La compra-venta de votos

La Provincia Eclesiástica de Guadalajara, en su mensaje a los medios de comunicación, establece que a través de sus medios de comunicación pastoral informará y opinará sobre las posturas que presenten los candidatos de los temas que le son prioritarios, como la defensa de la vida y la dignidad de la persona, el nuevo modelo cultural sobre el matrimonio y la familia; la libertad religiosa, la defensa de migrantes y refugiados; la protección del medio ambiente; la economía solidaria, la protección a los migrantes y la búsqueda de desaparecidos; la lucha contra la corrupción y la impunidad.

En particular, de manera especial, sobre el voto, enfáticamente señala: “Insistiremos desde nuestros espacios informativos y en todos los espacios eclesiales que es un delito vender el voto, en cualquiera de sus despreciables modalidades y que nadie puede obligar a nadie a votar por ningún partido político. Exhortamos a todas las personas a que no se dejen engañar con prácticas de este tipo; que si algún candidato las utiliza, lo den a conocer; que no vendan su conciencia por una falsa promesa de retribución efímera”.

Todos sabemos que en esta sociedad de mercado también el voto se compra y se vende. Las personas de escasos recursos han sido incluidas en una red de programas sociales y vínculos políticos en donde se intercambian votos por favores, en ese sentido no constituyen una ciudadanía real, pues está cooptada por los programas sociales. Son clientes, no ciudadanos.

Desde hace 30 años, más que abatir la pobreza, la clase política se ha dedicado a administrar la pobreza de esos 53.4 millones de mexicanos. El Coneval ha detectado casi 6 mil 500 programas sociales tanto federales, como estatales y municipales. Solamente los recursos destinados a nivel federal en 154 programas sociales ascienden en 2018 a más de 910 mil 283 millones de pesos. Tenemos el mismo porcentaje de pobres que hace 20 años.

En este proceso electoral el voto libre, razonado e informado recibe varias presiones. Por un lado la compra y la coacción del voto mediante los programas sociales, participan tanto los estados como los municipios.

Por otra parte, grandes empresarios (Larrea, de Grupo México; Bailléres, de El Palacio de Hierro; Vallina, del Grupo Chihuahua; Hernández Pons, del Grupo Herdez; Elizondo, del Grupo Vasconia, entre otros) han empezado la operación de orientación de por quién deben votar sus empleados y trabajadores mediante amenazas que se traducen como sugerencia-prohibición.

En algunas regiones del país, la tercera presión la ejerce el crimen organizado. Con amenazas y balas, argumenta a quién quiere en la boleta y a quién no.

También ha trascendido que otra presión que ejercen candidatos y partidos políticos es sobre los presidentes y funcionarios de casilla. Como ya están capacitados, los contratan para promover el voto, supervisar y vigilar casillas, sobre todo en secciones electorales donde alguno de los partidos no tiene representantes. En días previos y el día de la elección circula dinero en efectivo.

El manual Construyendo Ciudadanía para el Bien Común establece que un ciudadano creyente sabe que “la democracia no se agota en el proceso electoral, que su fe lo compromete a colaborar en el bien del país emitiendo su voto libre, secreto, personal e informado. El abstencionismo es un pecado de omisión”.

También señala el manual que el ciudadano está obligado a conocer los principios y la doctrina de los partidos, coaliciones y candidatos y a no dejarse manipular. Es pecado grave comprar o vender votos y colaborar de cualquier manera en un fraude electoral.

Esperemos que las presiones, la compra, las amenazas y el chantaje para votar no modifiquen el voto libre que quiere un mejor país.

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JJ/I