Diputados: se pudren con el TJA

¿A qué juegan los diputados de la 61ª Legislatura y bajo las instrucciones de quién para satisfacer quién sabe qué intereses en beneficio de quién o de quiénes?

Lo anterior parece un juego de palabras, pero es un cuestionamiento de fondo que el Congreso del Estado debe de responder ante su aberrante decisión de crear una comisión especial para elegir a tres magistrados: uno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa y dos del Supremo Tribunal de Justicia, y burlarse así de la ciudadanía con un proceso que nació viciado y abre la puerta para que sea impugnado en tribunales.

El nombre de la comisión es tan absurdo como su propio nacimiento: Comisión Especial para el Desahogo de los Procesos de Selección de dos Magistrados del Supremo Tribunal y de un Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, según el comunicado oficial del Congreso. Y su presidente es el diputado Hugo René Ruiz Esparza, presidente de la Comisión de Vigilancia, desde donde se opera la pretensión de lavarle la Cuenta Pública 2015 por mil 282 millones de pesos al alcalde de Zapopan, Jesús Pablo Lemus.

Así como Ruiz Esparza aseguró que la Comisión de Vigilancia dictaminó en tiempo y forma esa Cuenta Pública 2015 sin prueba que lo demuestre, salvo un acta de la presunta sesión plagada de irregularidades y mentiras, ahora niega que esa comisión especial viole la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Pero, ¿dónde carambas dice la ley que una comisión especial puede asumir atribuciones exclusivas de una de las comisiones permanentes como en este caso es la de Justicia que parece les estorba para sus oscuros fines?

Los diputados no se cansan de demostrar con sus decisiones que “no entienden que no entienden”, pero ante esta aberrante e ilegal decisión el Observatorio Permanente del Sistema Anticorrupción del Estado ya les advirtió de su irregularidad y que el haberlo hecho tiene como propósito judicializar el proceso de designación y retrasar el nombramiento.

Por otro lado, ¿qué papel harán ahora en este caso los integrantes del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado? ¿El mismo que hicieron en la designación de los dos primeros y que dio motivo a que el Juzgado de Distrito se los echara abajo o evitarán seguirles el juego a los legisladores y se opondrán a coronar una flagrante irregularidad e ilegalidad negándose a evaluar perfiles y emitir su opinión técnica, en tanto no se regularice el proceso?

Los diputados no han explicado por qué convocan a elegir al tercer magistrado de la Sala Superior cuando un Juzgado de Distrito ya determinó la nulidad de los dos inicialmente electos e instruyó al Congreso reponer el proceso e iniciar desde cero. Si esto hacen con lo que cacarearon que sería la joya de la corona del Sistema Anticorrupción, ¿qué credibilidad pueden tener en su manifestación reiterada de combate a la corrupción? Sus hechos, como es el caso de todo lo que rodea a esta Sala Superior –desde su misma creación–, demuestran lo contrario y evidencian que al igual que las Legislaturas que le antecedieron, la actual quedará señalada dentro del paquete de las peores de los últimos años, por el manoseo de temas de tal relevancia.

El diputado electo Héctor Pizano Ramos, opositor a la creación de una Sala Superior en el Tribunal de Justicia Administrativa, ha sido enfático en proponer que en su lugar se debió ampliar el número de salas unitarias o integrar tres salas colegiadas con tres magistrados cada una, y a los secretarios habilitarlos como jueces de primera instancia. ¿Por qué no se exploraron éstas y otras posibilidades y se decidió por lo absurdo?

Fácil: porque necesitan espacios para cubrir las cuotas partidistas y éste a elegir corresponde al PAN. ¿O ya se rajaron?

ES TODO, nos leeremos ENTRE SEMANA.

JJ/I