Volantas no paran incidencia delictiva

Los gobiernos municipales, estatal y federal anunciaron el 5 de septiembre instrucciones para operar las columnas de seguridad o volantas con el fin de disminuir los delitos de alto impacto, pero varios de ellos permanecen en los mismos parámetros observados desde abril.

Los homicidios en la ciudad aumentaron desde la segunda quincena de agosto, con 61 crímenes, hasta la segunda de septiembre, con 73.

Los valores están muy por encima de los 50 que hubo en los nueve municipios del AMG en la primera quincena de abril y también sobre el mínimo que fue la primera quincena de mayo, con 43 asesinatos.

Del total de delitos cometidos en la metrópoli, el registro mínimo en los últimos seis meses ocurrió en las últimas dos semanas de junio, con 3 mil 287, y el máximo fue de 4 mil 288 en la segunda mitad de mayo. En la primera parte de septiembre existen registros de 3 mil 361 crímenes y 3 mil 356 en la segunda.

En términos de tasa delictiva, llama la atención el incremento sostenido que ha tenido El Salto, con 87 delitos por cada 100 mil habitantes en la primera mitad de abril, incrementándose constantemente hasta 142 al culminar septiembre.

Guadalajara tuvo 87 delitos por cada 100 mil habitantes en la segunda mitad de septiembre y 93 en la primera de abril, con un mínimo de 85 en la segunda de junio y un máximo de 122 en la segunda de mayo.

Zapopan tuvo variaciones de inicios de abril con 64 delitos, a un máximo de 70 en la segunda parte de mayo, un mínimo de 55 en la primera quincena de septiembre y culminó con 58 ese mes.

Tlajomulco tuvo una reducción de tasas delictivas de 70 a 53, Tlaquepaque de 64 a 52 y Tonalá de 60 a 48 de principios de abril a finales de septiembre.

La metrópoli, sin embargo, ha incrementado la incidencia total de delitos como el robo a negocio, que comenzó con 220 casos el periodo y terminó con 226, sin bajar de 200 sino sólo una ocasión a principios de mayo.

El robo a persona se incrementó de 188 incidencias en la primera quincena de abril a 203 en la segunda de septiembre, y sólo en dos ocasiones tuvo niveles inferiores al inicial.

El robo de vehículos superó 400 denuncias durante 7 quincenas entre la segunda de mayo y la segunda de agosto. Había iniciado con 371 en abril y terminó septiembre con 359.

La situación de robos a casa-habitación no está en su mejor momento durante la segunda parte de septiembre, con 109 delitos al terminar septiembre, pero hubo tres quincenas con menos casos e inició abril con 116.

Contexto

El gobernador Aristóteles Sandoval Díaz anunció el 5 de septiembre la implementación de las volantas, a fin de reducir el tiempo de reacción de las autoridades ante los hechos violentos, además de detectar armas a los criminales que circulen por el área metropolitana. El anuncio fue después de los homicidios contra cuatro policías tapatíos y dos de Zapopan

NÚMERO

3 mil 356 delitos fueron cometidos en la metrópoli durante la segunda quincena de septiembre

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FRASE

“Me parece que la alta criminalidad que se ha estado presentando en el último año ha provocado que el estado (…) tenga que utilizar medidas totalmente contrarias a la propia Constitución”

César Pérez Verónica, director de Cepad

Suben

Desde la segunda quincena de agosto se ha presentado incremento en la cantidad de homicidios en la metrópoli

Reiteran violación a derechos humanos

Las volantas o columnas de seguridad que se reactivaron en la ciudad desde inicios de septiembre no violentan per sé los derechos humanos de los ciudadanos, pero propician esta posibilidad al seguir criterios arbitrarios al momento de definir a qué personas se realizarán revisiones, consideró César Pérez Verónica, director ejecutivo del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).

“Realmente para que puedan realizar algún tipo de revisiones necesitan que se dé en presunción o flagrancia para poder realizarla, de lo contrario, si es de manera subjetiva como lo han estado haciendo, pues se violenta en primer lugar la presunción de inocencia, se violentan los derechos a la libertad de tránsito, a la propiedad privada y el derecho a la seguridad jurídica. Esto es muy importante, porque la autoridad solamente puede hacer lo que la ley le mandata, de lo contrario se estarían cometiendo acciones arbitrarias”.

Selección. El proceso para la revisión es arbitrario, advierte el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo.

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El defensor consideró que resulta incongruente que, con anterioridad, el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz afirmara que este tipo de medidas no se implementarían en la entidad debido a su carácter inconstitucional (declaraciones realizadas en marzo de 2017), pero en la recta final de su mandato éstas se permitieran.

“Me parece que la alta criminalidad que se ha estado presentando en el último año ha provocado que el estado, ante su ineficiencia a poder garantizar el derecho a la seguridad de las personas, tenga que utilizar medidas totalmente contrarias a la propia Constitución y que pueden vulnerar los derechos humanos. Al final termina un sexenio de los que se van recordar como el de los peores en materia de seguridad por el alto índice de homicidios dolosos, el alto índice de desaparición de personas y por una violencia generalizada de la cual el propio estado y este gobierno son principalmente responsables”.

Sin quejas

Desde su implementación el mes pasado, ningún ciudadano ha interpuesto queja alguna ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) relativa a violaciones en la materia perpetradas por los elementos de seguridad que participan en las volantas.

Para César Pérez Verónica, director ejecutivo del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), la falta de confianza de amplia parte de la ciudadanía hacia esa institución es uno de los factores que propician esta situación, mas también influye el beneplácito de las autoridades y cierto desconocimiento legal sobre el tema.

 “El hecho de que el gobernador haya anunciado estos operativos me parece que es inhibir la denuncia pública, porque si viene desde la orden y con la anuencia de la más alta autoridad jerárquica en el estado, pues me parece que facilita mucho que las personas no denuncien, y además, si éstas van acompañadas de fuerza federal, como puede ser el propio Ejército o Policía Federal, esto añade un poco más a que la gente no quiera presentar algún tipo de queja”.

Agregó: “Pero también la otra es que la mayoría de la gente no sabe que ésta es una violación de los derechos humanos desde el propio estado. El gobierno federal, el gobierno municipal, y desde luego el estatal, nos tratan de vender la idea de que es primero el derecho a la seguridad que las libertades. Ésta ha sido una cantaleta que no le ayuda a un estado de derecho”, concluyó. Darío Pereira

JJ/I