Reformar al Congreso

Al momento de escribir estas líneas el documento que sustenta la propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Congreso de Jalisco tenía pocas horas de haberse hecho público, por lo que adelanto mis comentarios sin haber tenido la oportunidad de abordar la iniciativa respectiva a profundidad.

De entrada, es mala noticia el hecho de que se esté discutiendo algo tan importante como la ley que define la manera en que se organiza el Congreso, sin que la ciudadanía haya tenido oportunidad de expresar su opinión al respecto. De hecho, dado el discurso de inauguración de las actividades de la 62ª Legislatura, hubiera esperado que la refundación del Congreso pasara por abrir aún más espacios para que intervinieran en las actividades legislativas quienes no pertenecen a la clase política.

Sin embargo, el hecho es que no fue así. La iniciativa de reforma se elaboró a partir de criterios poco claros, que suscitó la molestia de las bancadas del PAN y de Morena, y ello motivó la conformación de una comisión especial para atender el tema, y crear los consensos necesarios.

Entiendo que haya prisa por aprobar la reforma, pues implicará muchos cambios en la forma de trabajar del Poder Legislativo, y por lo tanto no se puede prolongar por mucho tiempo su discusión, a estas alturas del partido, pero lo que no entiendo es por qué no se aprovechó el periodo previo a la toma de protesta de los actuales diputados para ir trabajando con quienes tuvieran interés y posibilidad de retroalimentar la propuesta de reforma, de manera que se pudiera llegar a esta fecha con un documento con mayor consenso.

Parecería que a quienes toman las decisiones dentro del Congreso no les gustó que la ciudadanía interviniera tanto en la labor legislativa, pues eso afectó el equilibrio de poderes entre los diversos grupos que conforman la clase política.

De hecho, hay varios aspectos de la propuesta de ley orgánica que ameritarían modificaciones. Por un lado, los nombramientos del personal a cargo de las funciones administrativas y técnicas se manejan con total discrecionalidad, pues no se prevé un procedimiento que garantice que se designará en esos puestos a personas que tengan los méritos necesarios.

El problema con lo anterior, y que ya se ha visto en otras legislaturas, es que se suele designar a esos funcionarios bajo el esquema de cuotas y cuates, el mismo que se sigue en otras instancias, de manera que no hay posibilidad de llevar a cabo una gestión más o menos coherente del personal que atiende a quienes nos representan, pues cada instancia de decisión le responde a un partido distinto, por lo que, consecuentemente, no hay un mando único en el Congreso.

Por otra parte, la reestructuración del esquema de comisiones legislativas, que parece ser la parte central de la reforma, no se explica de manera clara, por lo que sólo se puede especular sobre la intencionalidad de la misma.

Es claro que no era sostenible el esquema anterior, diseñado para asignar a cada representante una comisión o comité para que la presidiera, pues había algunas que no tenían mucho trabajo, como la de cultura, por ejemplo, y que por ello es comprensible y justificable que se fusione con la de educación. Pero otras, que tienen mucho trabajo, como la de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos no queda claro para qué se fusionarán. ¿Por qué no se crean comisiones que supervisen específicamente a cada dependencia del Poder Ejecutivo, para asegurar un mejor contrapeso y rendición de cuentas? No se sabe.

El argumento del ahorro de personal, que es el que más se desarrolla en el documento, me parece insuficiente, especialmente porque no queda clara la estrategia que se sigue. Y ahorrar por ahorrar puede resultar contraproducente, especialmente si ello no se traduce en una institución más capaz de cumplir con sus funciones sustantivas, que son representar, legislar y ser contrapeso de los otros Poderes.

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@albayardo

JJ/I