Wix�rikas exponen peticiones al Ejecutivo

Representantes del gobierno tradicional de Tuapurie Santa Catarina Cuexcomatitlán, comunidad wixárika enclavada en el municipio de Mezquitic, entregaron el jueves al secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, un documento mediante el que expusieron a las autoridades estatales las acciones que, esperan, lleven a cabo en su territorio durante el sexenio que recién arranca.

En el texto, que lleva por nombre Agenda de Trabajo para el Desarrollo Comunal entre Santa Catarina Cuexcomatitlán y el Gobierno Estatal, se desarrollan 77 puntos petitorios (seis de ellos específicos a la delegación de Hamatsie, municipio de Huejuquilla el Alto) que responden a sus necesidades en diversos ámbitos.

Las demandas en materia de infraestructura fueron de las más extensas e incluyeron la construcción de nueve puentes peatonales; la pavimentación de tres caminos de terracería y de las calles de cuatro localidades; la edificación de seis auditorios; la instalación de drenajes y sistemas de tratamiento de aguas residuales; el tendido de tres líneas de energía eléctrica; la construcción de redes de distribución de agua potable y pozos profundos en 13 localidades; la dotación de paneles solares; la construcción de ocho unidades deportivas; de cuatro centros comunitarios de aprendizaje (CCA) y de dos bibliotecas públicas, entre muchas otras.

En materia de programas sociales, expusieron que se deberá permitir la participación activa de la comunidad en su diseño, implementación y evaluación; así como contratar a comuneros para la generación de información estadística comunal sobre el tema.

Para fortalecer su producción agrícola y ganadera solicitaron que se les proporcionen tres tractores, dos baños garrapaticidas con corral de manejo, un camión de volteo y otros tres vehículos de transporte de insumos, dos básculas ganaderas y que se construyan dos bodegas.

Algunas de las peticiones para mejorar sus comunicaciones incluyeron la colocación de una antena de telefonía celular, pararrayos y la instalación de un servicio de Internet satelital para los CCA, mismo que fue cortado en año pasado.

En lo referente a salud solicitaron equipamiento, suficiencia de médicos y mejora de instalaciones de salud, así como abastecimiento de medicamentos en 17 localidades y mejora en los servicios de ambulancia en dos de estas; mientras que en temas educativos señalan insuficiencia de tecnologías de la información, instalaciones inadecuadas y un rezago en cuanto al programa curricular diseñado para el pueblo wixárika.

Exigieron de igual forma que se dé solución al conflicto de límites que mantienen con la comunidad wixárika de San Andrés Cohamiata y, para la preservación de su cultura, pidieron al gobierno federal la cancelación definitiva de las 78 concesiones mineras que han sido otorgadas a empresas nacionales y transnacionales en territorios sagrados; la prohibición de cultivos agroindustriales que destruyen el hábitat de especies como el hikuri (peyote), su planta sagrada; evitar la privatización de los recursos hídricos, y que se legisle sobre la cacería, con fines ceremoniales, del venado cola blanca.

EN HUEJUQUILLA

En tanto, las peticiones para la comunidad de Haimatsie son la construcción de un Consultorio Popular de Salud que esté debidamente equipado, cuente con disponibilidad de medicamentos y tenga médicos de base adscritos para su servicio; la construcción de un pozo profundo y una red de distribución de agua potable en todo el centro poblacional; la ampliación de la red eléctrica; la pavimentación con concreto hidráulico del tramo carretero Tenzompa–Haimatsie y la creación de un CCA.

Así, a la par de ofrecer su disposición para “construir una propuesta de trabajo ejecutable en un esquema de diálogo con el gobierno estatal”, recordaron al gobierno de Jalisco que los tratados internacionales signados por el Estado mexicano reconocen el derecho de los pueblos originarios a asumir el control de sus propias instituciones y de sus formas de vida, de definir el camino de su desarrollo económico, así como de mantener y fortalecer su identidad cultural y lingüística.

Por ello, fijaron un plazo máximo de 15 días hábiles a partir del jueves para que el gobierno del estado les haga llegar una respuesta a sus planteamientos “mediante un escrito formal o una visita presencial”.

Además, anunciaron que, de la mano de académicos e instituciones no gubernamentales, abrirán un proceso de “auditoría civil” con el propósito de medir el nivel de avances y cumplimiento de sus demandas.

En contraparte, en caso de que las autoridades hagan caso omiso de éstas, “se harán acreedores a una denuncia pública, al modo y forma en que determine la comunidad”.

da/i