Que alguien nos lo explique: el Ayuntamiento de Zapopan solicitó vía oficio al Congreso del Estado que le autorice afectar 21 por ciento (léase bien: 21 por ciento) de sus participaciones federales en garantía y fuente de pago para la concesión del servicio de alumbrado público en el municipio. La solicitud zapopana fue dirigida y aprobada por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y se votó a favor en el pleno.

La susodicha comisión que preside Ismael del Toro incluyó el oficio zapopano en la iniciativa de decreto. Peeeeeeeeeroooo (ese aturdidor pero) en la iniciativa de decreto se indica (cualquier detallillo) que la afectación puntualmente será de 34 por ciento y no del 21 que aparece en la solicitud del ayuntamiento. Ese 13 por ciento más aprobado significa la bicoca de más de 200 millones de pesos de diferencia al año, por lo bajito.

O sea, alguien envió tarde el segundo oficio, alguien incluyó en la iniciativa el oficio equivocado de 21 por ciento, alguien elaboró la iniciativa sin advertir la contradicción y error, y álguienes (los diputados, no todos) levantaron el dedo aprobando sin ni siquiera percatarse de la falla. Y alguien, la legislatura, quedó en ridículo.

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Violencia política es una doble palabra que se escucha en el medio político jalisciense. Y se escucha, como decimos los tapatíos, sabe cómo. El año pasado, por ejemplo, la consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC), Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, denunció que era víctima de violencia política en el organismo, lo cual avaló el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Después intervino el Instituto Nacional Electoral (INE) y en esas andaban.

Más reciente, esta semana, la regidora zapopana Zoila Gutiérrez Avelas, del PRI, también denunció que se ha ejercido violencia política contra su persona, que la relegan a ella y a sus compañeros de proyectos municipales. Si la consejera electoral acusó al titular del IEPC, Guillermo Alcaraz Cross, la edil priísta lanzó la acusación al alcalde Pablo Lemus. Y en esas andan, también.

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Retomemos al IEPC. Resulta que ayer, en una sesión dividida entre dos posturas: a) la que defiende la participación de los ciudadanos en ejercicios democráticos y, b) la que se inclina sobre la inviabilidad de someter a votación popular los derechos humanos de terceros, el instituto aprobó llevar a cabo la consulta pública sobre la permanencia o no de la polémica ciclovía en el Boulevard Marcelino García Barragán, allá donde Guadalajara hace frontera con Tlaquepaque.

El debate en torno a la consulta pública rebasa al IEPC, pues ha involucrado a organizaciones de ciclistas, a vecinos del boulevard que están en pro o en contra, a la Federación de Estudiantes Universitarios y los que se acumulen. ¿Se acuerdan cuando en tiempos del entonces panista Fernando Garza, como alcalde tapatío, se quiso poner una ciclovía en un tramo de avenida La Paz y los vecinos se opusieron?

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Por si estaban con pendiente, el senador Arturo Zamora Jiménez ya regresó a Guadalajara como notario. Ayer, el Pleno del Congreso del Estado recibió la notificación del priísta del oficio de la Secretaría General de Gobierno, a través del cual se informa que vuelve a esa función a partir del 24 de abril.

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La asociación de redactores del Quinto Patio lo que reciente es la violencia calórica. Por tal razón se trasladará a laborar a Puerto Vallarta dado que aquí, en Guadalajara, el calor está de a peso. Mientras (¡en la costa!) en el municipio vallartense la temperatura anda como por 26 grados centígrados, en nuestra exolorosa a pura tierra mojada es de ¡¡¡35!!! ¡Santo Niño de Atocha!

¿Qué comenzó el temporal el 15 de mayo? ¡Avisen!

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