Jaloneo partidista

Los vemos y soltamos una risa de desprecio y nos decimos: no es posible. Resulta increíble, pero está pasando. En medio de la desgracia, los dirigentes de los partidos políticos finalmente dieron la cara y de qué manera. Es fecha que no se ponen de acuerdo sobre cuánto dinero deben devolver para que sea destinado a los damnificados y la reconstrucción tras los sismos.

Lo peor es la lucha de vanidades en que convirtieron una exigencia ciudadana que los acorraló para que se deshicieran del financiamiento público y lo destinaran a la sociedad, que ahora sufre en lugar de tirarlo en basura electoral.

El dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, primero presentó una propuesta para destinar sólo 25 por ciento de sus prerrogativas. Pero de pronto esa idea terminó en un plan de reforma constitucional para eliminar el financiamiento público y adelgazar al Poder Legislativo eliminando a los plurinominales para obtener otro tanto más de ahorro.

Lo que ha seguido es un pleito por quién dio la idea primero, quién propone recortar más y luego por cómo será el manejo de esos recursos.

El Frente Ciudadano por México, que integran el PAN, PRD y MC, muy en su estilo de dar guerra a todo lo que emane del PRI y, por tanto, que tenga que ver con el gobierno, está pintando muy claramente su línea y no va con la propuesta del tricolor.

En voz del panista Ricardo Anaya, el frente defiende un plan de austeridad para apoyar la reconstrucción obteniendo 60 mil millones de pesos si también el gobierno federal se aprieta el cinturón y elimina gastos no prioritarios.

Para el manejo de ese dinero proponen un fondo de reconstrucción nacional manejado por civiles, entre ellos investigadores, académicos, periodistas y escritores.

Los partidos de este frente están dispuestos a soltar las prerrogativas siempre y cuando no se devuelvan a Hacienda, como quiere el PRI. Lo que demandan es que la sociedad civil sea quien se asegure del buen manejo y de que los fondos lleguen realmente a quien los necesita.

El PAN propone eliminar todos los seguros de gastos médicos de los que gozan los altos funcionarios y que vayan al IMSS o al ISSSTE o si quieren hospital privado que lo paguen con su propio dinero.

Ya no más gastos de viáticos, servicios de telefonía móvil y pago de gasolina. Ya no más gastos de publicidad oficial, a menos que sea relacionada con salud, turismo y protección civil. Ya no más viajes en aviones privados.

El frente sostiene que su propuesta es la buena por ser integral y porque los 7 mil millones de pesos que se devolverían del financiamiento público a los partidos políticos no son suficientes para reparar los daños por los sismos.

Es algo así como o todos coludos o todos rabones. Sí están en favor de que se elimine el gasto público de los partidos políticos, pero también que se haga un ajuste en los tres Poderes, sólo que el Judicial no ha dicho esta boca es mía.

Morena, de plano, abrió su propio fideicomiso para canalizar 103 millones de pesos que alcanzarán para 45 mil damnificados.

Así, mientras estos personajes dan vergüenza con su jaloneo de un dinero que es público, que sale del impuesto que paga cada ciudadano, los damnificados que perdieron todo esperan, hacinados en albergues, saber qué pasará con sus vidas.

Ojalá nuestros políticos entendieran que entre los escombros y en los albergues lo que menos ha contado es la afiliación partidista. La gente está ayudando al prójimo sin importar por quién vota.

Ahora bien, que se medirá la capacidad de respuesta y solidaridad de partidos y toda la clase política es un hecho. Quizá por eso mezquinamente buscan colgarse la medalla de quien dobló a quien, de quien puso más, pero no hay tiempo para eso ni ánimo para seguir observando cómo la tragedia expuso, otra vez, a la clase política y su mala entraña para lucrar con la desgracia.

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JJ/I