El agua y el fracking

Legal y jurídicamente se dice que el agua es un “recurso” de utilidad pública, que es propiedad de la nación (vaya usted a saber qué sea eso a estas alturas) y que es un derecho humano inalienable. Coloquialmente y con mucha sabiduría también decimos que el agua es vida. Es decir, que sin agua es imposible la reproducción de la vida de todas las especies y de la naturaleza misma. Eso lo sabemos y lo tienen más claro los capitalistas que han venido trabajando de años atrás para modificar la Constitución de tal manera que puedan apropiarse de ella. Ya han avanzado mucho con las reformas al artículo 27 a través de las cuales cada vez es menos claro si en verdad la nación es propietaria del agua y si seguirá siendo un recurso o bien natural de uso público. Es decir, accesible para todos y con la certeza de que su consumo no entraña riesgos para la salud.

Se dice también que su uso, manejo, extracción y distribución esta normada por la Constitución, la Ley de Aguas Nacionales y por leyes internacionales de derechos humanos. Pero como ya sabemos cómo se respetan las leyes y los derechos humanos en México y en el mundo, entonces queda claro que el futuro del agua, como bien público o bien común, no es nada seguro. No lo es tampoco porque será convertida, aún más, en un artículo de lujo por algunas empresas privadas nacionales e internacionales que serán beneficiadas por el gobierno mexicano. Ya no solo serán Pepsico y Nestlé, por ejemplo, que nos venden agua embotellada. Si se aprueba la nueva Ley de Aguas Nacionales, a través de ella, las constructoras de presas como Grupo Higa; La Peninsular, de Carlos Hank  Rhon; ICA y la española Abengoa. Estos grupos se perfilan como los nuevos dueños del agua que podrán venderla a empresas que ya están utilizando la técnica del fracking para la extracción del gas natural o como como la canadiense Renaissance o la rusa Lukoil, que han anunciado que con esta misma técnica van a extraer aceite en Veracruz.

Es necesarios reiterarlo: la técnica del fracking ha sido prohibida en países europeos y estados de la Unión Americana y, en contrasentido, en México, desde el sexenio anterior, y demostrando la falacia o demagogia del discurso de la sustentabilidad, se hicieron las primeras concesiones de gran cantidad de perforaciones en diversas entidades. En todos estos lugares se requerirán grandes cantidades de agua.

Siguiendo estas pistas podemos encontrar el vínculo y continuidad de las reformas estructurales, la ley de seguridad interior y la propuesta de ley de aguas nacionales que se pretende aprobar próximamente por la Cámara de Diputados.

El mensaje es bastante claro: las reformas estructurales, particularmente la del artículo 27, facilitan las acciones de despojo de los bienes comunes naturales con el argumento de la “utilidad pública”. Así se llamará a la utilización de cantidades industriales de agua y su combinación con gran cantidad de contaminantes tóxicos necesarios para romper, fracturar (fracking), cualquier tipo de rocas que hasta una profundidad de cinco mil metros bajo tierra cubren yacimientos de gas y aceites que ya están siendo extraídos. Obviamente esta agua ya contaminada quedará ahí en el fondo de la tierra y no sabemos, pero podemos imaginar, sus consecuencias futuras. A las comunidades o personas que protesten ante ello se les aplicará la ley de seguridad interior.

Desde hace algunos años, desde diversas instancias nacionales e internacionales se afirma que existe déficit de agua. Las reformas estructurales, la ley de seguridad interior y ahora la propuesta de nueva ley general de aguas dejan ver que, al Estado, al gobierno y los capitales no sólo no les interesa tal hecho, sino que se preparan para incrementar el despojo, la privatización, el encarecimiento, la sobre explotación y la contaminación del agua, así como para profundizar el combate a las acciones de resistencia y defensa del agua que ya se están dando en varias partes del país.

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