'El Bronco'

Esta semana nos enteramos de una de las resoluciones más polémicas que alguna vez haya emitido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en este caso respecto a la candidatura de Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, a quien el Instituto Nacional Electoral (INE) le había negado la posibilidad de contender para la Presidencia de la República. En su fallo, cuatro de los siete magistrados argumentaron que no se le dio el derecho de audiencia ni la posibilidad de defenderse, esto debido a que el programa de captura del INE no guarda los datos de forma local (en los teléfonos de quienes hacen las capturas) sino de forma centralizada, de forma que “no hay manera de contrastar” la información. La defensa del candidato es por demás tramposa, dice que el INE debió demostrar que en cada caso de los 200 mil apoyos ilegales que detectó se le debió demostrar y dar audiencia. En. Cada. Uno.

Para muchos, incluyendo a los otros tres ministros del tribunal, esta decisión no se sostiene y al parecer está motivada por fines más políticos que legales, sobre todo porque consideran que “lo menos gravoso es suponer que el aspirante cumplió los requisitos e incluirlo en la boleta”. Es decir, no importa que la autoridad competente haya detectado simulación e incluso engaños por parte de El Bronco en números tan abundantes que descartan errores involuntarios o “las travesuras” (como las llamó en su momento el candidato independiente) de los encargados de recolectar las firmas; para la mayoría del TEPJF “lo más sencillo” es ya darle la oportunidad de competir a quien ha mentido, hecho trampa, excedido los gastos y quien se ha negado a asumir la responsabilidad por todo esto.

Es lamentable que alguien que evidentemente hizo trampa y que violó la ley electoral sea recompensado al permitírsele competir, además de que también recibirá financiamiento público y contará con espacio en los medios para realizar su campaña. Pero mucho más terrible es el golpe que se le asesta a la credibilidad de las instituciones electorales. El mensaje parece ser que se vale echar mano de cualquier recurso, legal o no, para conseguir los fines deseados, y que las instituciones lo validarán excusándose en tecnicismos.

En este país, la credibilidad de los organismos electorales es endeble, con la muy notable excepción del primer Consejo General del IFE, encabezado por José Woldenberg. Esto debido a que, después de ese caso inicial, los puestos han sido copados por personas cercanas a los partidos políticos y no por ciudadanos independientes de los mismos. También, la confianza ha sido minada por resoluciones tanto del INE como del Trife, por ejemplo: decidir que la intromisión de Vicente Fox Quesada en las elecciones de 2006 violó la ley “pero poquito”; o que la entrega de tarjetas de débito en la elección en el Estado de México el año pasado era correcta porque no se entregó dinero, aunque la ley diga que basta la promesa de hacerlo para ser ilegal; o variar su criterio al contabilizar gastos de campaña. En este contexto, el actuar de estos magistrados pone en entredicho al tribunal y su imparcialidad.

Sería terrible que esta elección terminara decidiéndose no por el voto popular, sino por una decisión arbitraria de quienes deben juzgarla. Se está poniendo en riesgo la gobernabilidad de la nación. Cabe preguntarle a quienes promovieron esta resolución si su decisión mejora o empeora la calidad de nuestra vida democrática.

El caso todavía no está finiquitado, el INE aún tiene recursos para rechazar la candidatura, pero el golpe a la credibilidad de nuestras instituciones electorales ya está dado.

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