H�ganle caso a Pizano

En medio de una cascada de propuestas y promesas emitidas ya durante varias semanas por los candidatos a la gubernatura y ahora por quienes aspiran a las presidencias municipales, irrumpe con una serie de iniciativas que integran su agenda legislativa para el próximo trienio el ex dirigente del PRI y hoy candidato a diputado local por la vía plurinominal Héctor Pizano Ramos.

Y en el marco de este proceso electoral y ya encarrerados con reformas que en esta materia se aprobaron en la actual Legislatura, concretamente en lo que se refiere a la reducción del financiamiento a los partidos políticos, destacan dos de estas iniciativas que tienen que ver con el mismo tema: 1. La desaparición del Tribunal Electoral del Estado, y 2. La modificación del actual Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).

Ambas iniciativas, entre otras ventajas, tiene la de evitar que el derroche del erario continúe en dos organismos o instancias que el único momento cuando podemos asegurar que tienen razón de existir –y aun así con sus asegunes– es en los años electorales, al igual que como se argumentó para disminuirle las prerrogativas a los partidos políticos.

Pero como bien lo expuso Héctor Pizano en su encuentro ayer con los medios de comunicación, no hay nada a favor que justifique la existencia de un Tribunal Electoral que simplemente hace las veces de gerencia, porque finalmente sus resoluciones terminan en el escritorio de los magistrados de la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial a la que recurren las partes quejosas.

La verdad es de terror saber el presupuesto que le es asignado al Tribunal Electoral del Estado en años no electorales y lo que se le destina en años electorales y que no logramos cuadrar a qué se destina tanto dinero.

De acuerdo a lo revelado por Pizano Ramos –que se conoció en su momento, pero difícilmente se guardan estas cifras en la memoria–, durante 2016 y 2017 –años no electorales– el Tribunal Electoral recibió un presupuesto total de 46 millones 921 mil 4 pesos. ¿Qué tarea realizó durante esos dos años este tribunal que justifique un gasto de esa magnitud? Consideremos que en cada año se le destinaron 23 millones 460 mil pesos. ¿En qué nos benefició como ciudadanos un presupuesto de este tamaño a un organismo del que se ignora qué hace en años no electorales?

En 2015, cuando hubo elección, el tribunal tuvo un presupuesto de 60 millones 554 mil 373 pesos, mientras que para este 2018 lo asignado fue de 68 millones 328 mil 634. ¿Aun en año electoral se justifica este desembolso millonario?

Pizano Ramos propone la asignación de una sala especial dentro del Supremo Tribunal de Justicia para que conozca de asuntos que hoy observa el Tribunal Electoral y que en años no electorales realice tareas propias del Tribunal de Justicia. ¿Lógico, no?

El otro caso es el del IEPC, organismo cuyo futuro siempre está en discusión, pues tampoco se le encuentra beneficio alguno que exista o que se le destinen tantos recursos en años no electorales. Para este 2018 se le han asignado 963 millones 376 mil 806 pesos. ¿Y qué hace cuando no hay elecciones? Dicen que tareas de educación cívica y de promoción a la participación ciudadana.

La propuesta de Héctor Pizano es la reducción de su estructura y, por ende, del presupuesto que se le asigna, de tal manera de que deje todo lo electoral al INE y pase a ser exclusivamente un Instituto de Participación Ciudadana.

Ojalá y los futuros diputados que integrarán la próxima Legislatura coincidan y hagan caso a Héctor Pizano Ramos si es que realmente les preocupa el buen uso de los recursos públicos. Si lograron ponerse de acuerdo para reducir prerrogativas a los partidos, ¿no podrán volver a hacerlo?

ES TODO, nos leeremos ENTRE SEMANA.

JJ/I