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Aunque han pasado unos seis meses desde que la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos (FCC) aprobara derogar las regulaciones que protegían la neutralidad de la red en ese país, el proceso legal continuaba en marcha y aún había algunas esperanzas de salvarla.
Hace un mes la FCC puso como fecha oficial el 11 de junio de 2018, y aunque el Senado norteamericano entregó una petición para obligar a los senadores a votar antes del 12 de junio y prevenir esto, se quedaron cortos por el apoyo insuficiente.
El intento del Senado tenía pocas posibilidades para empezar. En mayo, uno de los senadores demócratas presentó lo que se conoce como una solicitud de aprobación que obligaría a la Cámara de Representantes (de mayoría republicana) a votar una Ley de Revisión del Congreso.
Este tipo de ley le permite al Congreso eliminar algunas acciones regulativas por parte de otra agencia gubernamental en un periodo de 60 días desde su promulgación.
Aún si el Senado lograba forzar una votación a su favor, igual necesitarían la firma del actual presidente de la nación para salvar la neutralidad de la red
Para forzar esa votación, la moción necesitaba una mayoría de 218 representantes y después de eso necesitaría ser firmada por Donald Trump, algo que probablemente nunca iba a suceder puesto que la administración de Trump ha estado siempre en una posición contra la neutralidad de la red.
Las firmas se estancaron en 170, y aunque el viernes pasado los demócratas escribieron una carta al presidente de la Cámara de Representantes, instándolo a programar una votación que podría preservar las regulaciones de banda ancha, nada pasó.
Ahora las protecciones a la neutralidad de la red que se establecieron durante la presidencia de Barack Obama ya no aplican. Esas reglas prohibían tres cosas: Bloqueo, es decir, los proveedores de Internet no podían discriminar ningún contenido bloqueando sitios web ni aplicaciones; throttling, los proveedores de servicio de Internet (ISP, en inglés) no podrían ralentizar la transmisión de datos debido a la naturaleza del contenido, y la priorización pagada, esto significa que los ISP no podrían crear un Internet de dos velocidades, es decir, una línea rápida para empresas y consumidores que pagarán cuotas premium y una línea lenta para quienes no lo hicieran.
A pesar de la eliminación de estas reglas, varios estados norteamericanos han tomado el asunto en sus propias manos y han firmado sus propias leyes para reemplazar las reglas de la FCC.
En Montana y Nueva York se han firmado órdenes ejecutivas para forzar la neutralidad de la red y hasta 29 estados más han introducido sus propios proyectos de ley para asegurar la neutralidad, aunque varios han fracasado y otros están pendientes.
Si algo queda claro es que, aunque la neutralidad haya muerto oficialmente seguirá habiendo una oposición firme contra la FCC de Ajit Pai y tampoco será el fin de las quejas ciudadanas, especialmente si las empresas de telecomunicaciones empiezan a aprovechar su nueva libertad para hacer lo que les plazca con el tráfico.
Las grandes empresas ahora tienen un altísimo poder sobre qué tipo de contenido se entrega a los usuarios.
Por ejemplo, si un proveedor de acceso a Internet en Nueva York desea cobrar un extra para que sus clientes disfruten del servicio de Netflix, ahora podrá hacerlo. O bien, los proveedores podrán limitar el Internet según lo que se pague, para ver determinado tipo de contenidos, como videos en Youtube.
En términos reales, los grandes proveedores de servicio de Internet tendrán una enorme capacidad de injerencia potencial en los negocios de empresas tales como Google, Spotify, Netflix o cualquier cosa que pueda ser apuntada discrecionalmente.
El escenario se complejiza ante cualquier hipótesis de conflicto. El gigante de las telecomunicaciones Comcast es dueña de NBC Universal. Y AT&T está a punto de comprar Time Warner. ¿Podría Comcast desarrollar alguna política comercial para perjudicar a su competidor bloqueando accesos a sus contenidos? Sí. Redacción
JJ/I