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Corrupción, más allá de partidos y gobiernos

El caso de Arboledas del Sur, ese predio en el que el Ayuntamiento de Guadalajara asegura que construye generosamente un bosque urbano, es un botón de muestra de cómo se ha manejado la ciudad en los últimos años. Los intereses privados, los negocios particulares y la corrupción como sistema que trasciende partidos políticos y gobiernos.

El conflicto de tierras fue sacado a la luz hace varios años por la periodista Esperanza Romero Díaz, quien documentó la forma en que falsificando documentos y con el apoyo de autoridades y un notario, particulares asumieron la posesión de una parte del inmueble.

Las obras se encuentran detenidas porque el Ayuntamiento de Guadalajara aceptó acatar una resolución, tras una suspensión conseguida por ciudadanos. No fue una concesión ni un buen gesto de las autoridades, sino su única alternativa.

Antes, se han documentado acciones y omisiones de gobiernos de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), que permitieron reducir la superficie que debía destinarse a espacio público.

En agosto del año pasado, el Ayuntamiento de Guadalajara llegó a un acuerdo con la empresa Desarrollos Inmobiliarios, SA de CV, para ceder formalmente a los particulares la mitad de los más de 72 mil metros cuadrados en disputa.

En una nota publicada el 9 de agosto en El Diario NTR Guadalajara, firmada por Martha Hernández Fuentes, se da cuenta de cómo la entrega de ese predio fue, en realidad, consecuencia de omisiones graves de gobiernos previos.

Por ejemplo, en el gobierno municipal del panista Fernando Garza Martínez, el municipio no se defendió en un procedimiento de apeo y deslinde, para determinar la superficie, y perdió ante particulares. Curiosamente, unos años después el presidente municipal apareció como socio de Desarrollos Inmobiliarios de 10.

A través de su cuenta en Twitter, Fernando Garza aseguró que él no supo nada de ese juicio, porque “lo debió ver el Jurídico”. Sólo habría que precisar que, como alcalde, él era el jefe del Jurídico. También señaló que fue socio de la empresa con 10 por ciento de las acciones y no participó en la decisión de la compra del terreno, que se dio 12 años después que él dejó la presidencia municipal.

En la misma red social aseguró que vendió sus acciones de la empresa y con eso se compró un departamento. Pero por más que trata de defenderse, no puede entenderse que se haya vuelto socio de una empresa que estuvo en conflicto legal con el gobierno municipal que él encabezó, en un pleito que además perdió por no defenderse.

La no-defensa del Ayuntamiento de Guadalajara en el gobierno de Fernando Garza la llevó quien era en ese momento el síndico, Alfredo Argüelles Basave.

Las omisiones casuales se volvieron a registrar en la pasada administración municipal, cuando el alcalde era el ahora presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ramiro Hernández García, quien aceptó una donación de un porcentaje del terreno, lo que en términos jurídicos implica admitir los derechos de los particulares sobre el inmueble.

Hasta ahora, el dirigente priísta no ha hecho ninguna declaración sobre el tema. Casualmente, cuando el gobierno municipal aceptó la donación, los particulares fueron al Tribunal de lo Administrativo en el Estado (TAE) y el caso cayó en manos del magistrado Armando García Estrada.

Según el trabajo realizado por Omar García en 44 Lab, la empresa Desarrollos Inmobiliarios de 10 estaba conformada por seis socios. Además de Garza Martínez, Jorge Luis Ruiz Velazco Verdín, Gabriel Urrea García Rulfo y las empresas Espacio Urbano 2012, Grupo Corporativo Mezara y Comercializadora Cantábrica.

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JJ/I