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Crucificándose
Empiezan las campañas
Miles de personas, en su mayoría mujeres, protestaron hoy ante el Ministerio de Justicia de España contra la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra (norte del país) que dictó libertad provisional a los miembros del grupo conocido como La Manada, convictos por abuso sexual.
La concentración, organizada por el Movimiento Feminista de Madrid y que contó con el apoyo de organizaciones sociales y sindicales bajo el lema “No es abuso, es violación”, reunió a miles de personas para reclamar un castigo para los delitos sexuales.
La Audiencia Provincial de Navarra decretó la víspera la libertad provisional del grupo de cinco acusados de abuso sexual, al descartar riesgo de fuga y de reiteración delictiva.
La Sección Segunda del tribunal emitió la medida, según la cual, los miembros de La Manada podrán pagar una fianza de seis mil euros para salir de la prisión donde permanecen desde julio de 2016, cuando fueron acusados de violación durante las fiestas de San Fermín, en Pamplona, la capital navarra.
En abril pasado, la Audiencia les condenó a nueve años de prisión a cada uno por abuso sexual con prevalimento (que se aprovecharon de su superioridad para coartar la libertad de la víctima), pero les absolvió del cargo agresión sexual, lo que generó protestas de grupos feministas.
Ante la sede del Ministerio de Justicia, los manifestantes corearon numerosas consignas en las que acusaron al sistema de justicia de patriarcal y machista, así como de desproteger a la mujer ante las agresiones sexuales.
Otras protestas tuvieron lugar en ciudades españolas como Zaragoza, Sevilla, Granada, Gijón y en Pamplona, en esta última, miles de personas salieron a la calle por segundo día consecutivo para exigir que las violaciones no queden sin castigo.
Ante las manifestaciones, el gobierno español reconoció este viernes que la resolución le tomó por sorpresa, debido a que por lo general una sentencia condenatoria “siempre es peligrosa en el sentido de que se proclive a la fuga”.
“Ha sorprendido a este gobierno el auto de libertad. La regla general es mantener en prisión provisional, sobre todo con una sentencia de nueve años”, precisó la ministra portavoz del gobierno Isabel Celaá.
La funcionaria aseguró que el gobierno respeta las decisiones judiciales, “pero los hechos probados y condenados son gravísimos, y en este sentido el gobierno se hace eco de la alarma social de España, de las mujeres en particular, a las que se va a proteger”.
Recalcó que el gobierno va a presentar su propuesta a la comisión que realizará el estudio de la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal, planteada en mayo pasado.
Además, se impulsará una iniciativa de ley con medidas para casos de violencia de género, y ahora se debate en el Parlamento la necesidad de una mayor formación de jueces y magistrados en cuestión de género.
Por último, Celaá agregó que se analizará la posibilidad de que la Abogacía General del Estado actúe en causas judiciales de agresión sexual en defensa de las víctimas.
EH