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Analizan riesgos por levantamiento de vedas

(Foto: Especial)

Dotar de seguridad jurídica a empresas interesadas en tener acceso al agua para diversos usos es la intención de los decretos presidenciales que quitaron vedas a 300 cuencas del país, declaró el investigador Pedro Moctezuma Barragán, de la Universidad Autónoma Metropolitana, en un análisis público sobre las implicaciones de dicha determinación organizado por el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (Imdec) en presencia de candidatos a diputados locales.

El académico recordó que si bien el pretexto bajo el cual se levantaron las vedas y pasaron a ser reservas fue garantizarles agua a las áreas naturales protegidas, comunidades indígenas y futuros ciudadanos mexicanos que la requieran, también va implícita la dotación de nuevas concesiones a empresas de diversos giros que desean tener derecho al recurso.

“Nos dicen ‘buenas noticias, va a haber reservas de agua, vamos a proteger los ecosistemas, va a haber agua para las generaciones futuras’, y cuando uno se pone a leer los decretos, uno descubre el gato encerrado. En primer lugar se suprime la veda, que es la forma de protección al agua, en las zonas de veda igual Conagua con todo y la limitante dio concesiones, entonces no se respetó la restricción”, contextualizó.

“La reserva queda para uso público urbano que abarca todo tipo de actividad, actividad industrial, extractiva, inmobiliaria, refresquera, entonces lo que están haciendo estos decretos es liberar gran parte del agua que estaba protegida en 300 cuencas, 55 por ciento de la superficie del país, para el mercado. ¿Por qué lo hacen así? Porque las presiones de las corporaciones que cotizan en la bolsa son muy grandes (…) esto lo hizo Peña Nieto no para darle agua a nuestros bisnietos ni para el medio ambiente, sino para tranquilizar a los grandes intereses (que no tenían certeza jurídica con la veda) y salir con su moche el 1 de diciembre”.

En este contexto, Moctezuma Barragán señaló que ya hay procesos privatizadores del recurso en el país a nivel local y desde hace varios años, lo cual implica ceder gran cantidad del recurso a empresas para que eventualmente lo administren y cobren con base en los precios del mercado, por lo que llama a la población a ejercer presión para no permitir que este tipo de decretos evolucionen a ese tipo de escenarios. 

“La Secretaría de Hacienda y Conagua recortaron 32 por ciento del presupuesto para infraestructura de agua potable y saneamiento, esto para asfixiar financieramente a los Municipios y que tuvieran que privatizar. Otra medida que han impulsado son leyes estatales para la privatización del agua, tenemos el caso de Puebla, Veracruz, Baja California, que logró exitosamente derogar la ley de aguas. Necesitamos un marco legal que nos proteja, estamos en una lucha que va a durar lo largo del año”.

Por su parte, el Imdec entregó a los candidatos a diputados locales y senadores presentes en la charla un decálogo de principios sobre el agua que les piden defender cuando lleguen al cargo, entre los que figuran no permitir más inversión en mega proyectos hídricos y no tolerar intentos de privatización.

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