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Conagua hace regalo con bienes de Jalisco

Cuestionada. La obra de la Presa El Zapotillo ha tenido señalamientos por presuntas irregularidades y por ser perjudicial para el estado. (Foto: Especial)

Caminos vecinales, arroyos, carreteras estatales y cruces con afluentes forman parte del patrimonio del estado de Jalisco, entregado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a la empresa Abengoa. Sin que tuviera atribuciones, la dependencia federal dispuso de 3 mil 619 kilómetros de derechos de vía por territorio de la entidad, casi 7.8 hectáreas de bienes inmuebles.

El regalo a la concesionaria, para que construyera por esos terrenos el acueducto que iría de la Presa El Zapotillo a León, Guanajuato, no fue aprobado por el Congreso del Estado ni cuestionado por el Poder Ejecutivo.

Este acto de la Conagua es uno de los puntos principales que se incluyeron en la controversia constitucional que presentó el Congreso del Estado el jueves ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la cual se busca revertir el acuerdo de reparto de aguas firmado en 2005 por el ex gobernador Francisco Ramírez Acuña para dar viabilidad a la Presa El Zapotillo y el acueducto.

Los bienes entregados por Conagua, cuando el titular del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico era José Elías Chedid Abraham, según el acta del 8 de octubre de 2014, se ubican en Cañadas de Obregón, Valle de Guadalupe, Jalostotitlán, San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno y Unión de San Antonio.

Se trata de 98 tramos, de los cuales 55 son cruces con arroyos o afluentes, entre los que están los arroyos Sin Nombre, Zula, Nuevo, Alcalá, El Salto, Del Palo y del río Lagos. Además, otros 37 son caminos vecinales y seis, carreteras estatales.

Omisión

En la controversia presentada por los diputados locales señalan que con la entrega de estos bienes “se afectan los intereses de los jaliscienses y se atropellan las facultades del Congreso, pues es evidente la violación al dominio que el estado de Jalisco tiene sobre los bienes denominados como ‘caminos del estado’ o ‘caminos vecinales’”.

Además, afirman que hubo una clara omisión del Poder Ejecutivo que encabeza el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz al no defender el patrimonio del estado, a pesar de que esta obligación está prevista en la Constitución local y en la Ley que Divide los Bienes Pertenecientes al Estado en Bienes de Dominio Público y Bienes de Dominio Privado.

Al conocer la entrega de estos bienes para el paso del acueducto, el gobierno del estado debió dictar medidas administrativas para que quedaran resguardados, además de dar visto al Ministerio Público “para el ejercicio de las acciones correspondientes”.

Según el artículo 10 de la ley de bienes, cuando éstos son del dominio público, sólo pueden ser enajenados “previa desincorporación dictada por el Congreso del Estado”.

 La misma ley señala que son bienes de uso común los caminos del estado cuando no sean federales o particulares, que es el caso de los caminos vecinales y las carreteras estatales, y pueden ser usados por “todos los habitantes” de la entidad.

En el acta de entrega de estos bienes se señala que son recibidos por Joaquín Fernández de Piérola Marín, en su carácter de apoderado legal de la empresa denominada Concesionaria del Acueducto El Zapotillo.

De acuerdo a información publicada en la página web de la empresa Abengoa, Fernández de Piérola es presidente y director general de Abengoa México, así como country mánager de Abengoa México.

Irregularidades

Las condiciones en que los bienes fueron entregados a la empresa española, agrega el texto de la controversia constitucional, del cual El Diario NTR Guadalajara tiene una copia, permiten que los particulares “puedan ejercitar cualquier acción en cualquier momento, afectando con ello el dominio del estado sobre los mismos”, sin que para ello “se tenga ni autorización del estado de Jalisco ni mucho menos de esta soberanía”.

Los legisladores aseguran también que no se encontró ningún antecedente de expropiación de los bienes o concesión por parte del estado de Jalisco o del gobierno federal a la Conagua. Tampoco hay alguna autorización para que Chedid Abraham dispusiera de bienes públicos para entregarlos a un particular.

Además, señalan, el gobernador y algunos funcionarios estatales “han actuado de manera perjudicial para los intereses del bien público, por omisión, al abdicar de sus atribuciones constitucionales y no llevar a cabo acción alguna ante la violación al dominio que el estado tiene sobre su patrimonio, amén de ser omisos adicionalmente en obtener, en su caso, la previa autorización” del Congreso del Estado.

La controversia constitucional se refiere también al acuerdo firmado por el ex secretario de Infraestructura y Obra Pública del estado, Roberto Dávalos, sobre permisos para ejecutar trabajos de construcción ajenos al camino dentro de los derechos de vía de la carretera estatal 337, Cañadas de Obregón-Valle de Guadalupe.

98 tramos fueron entregados por la Conagua a la empresa

55 tramos son cruces con arroyos o afluentes

37 tramos son caminos vecinales

6 tramos son carreteras estatales.

fv/i