Debe gobernador revertir ‘regalo’

El gobernador Aristóteles Sandoval Díaz tiene la obligación de emprender acciones administrativas y penales para revertir el regalo que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) hizo a la empresa Abengoa, entregándole 98 inmuebles propiedad de Jalisco para que por ahí pase el acueducto que iría de la Presa El Zapotillo a León, Guanajuato. Así lo afirmó el abogado Alejandro López Aguayo, quien lleva la defensa de los afectados por esta obra en la zona de Los Altos.

De no ser así y ante las omisiones que ha habido de parte de la autoridad, los particulares conservan los derechos sobre los bienes, advirtió el abogado.

Por su parte, el coordinador general del Observatorio Estatal del Agua, Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, declaró que continuar con el proyecto del acueducto no es posible, pues subsanar todas las fallas que existen para garantizar el derecho de vía elevaría el costo a más de 50 mil millones de pesos. Ante esto, consideró que se debe desechar de manera definitiva.

El jueves, el Congreso del Estado presentó una controversia constitucional para pedir que se revierta el acuerdo firmado en 2005 por el ex gobernador Francisco Javier Ramírez Acuña sobre la distribución de agua del río Verde. Uno de los puntos señalados en el escrito es la entrega de 98 inmuebles por parte de Conagua a la empresa Abengoa, como derechos de vía, para el paso del acueducto; sin embargo, no se pidió la autorización de los poderes Ejecutivo y Legislativo de Jalisco.

El abogado Alejandro López Aguayo, quien ha conseguido vía transparencia la mayor parte de los documentos relacionados con el proyecto del acueducto, señaló que debe revertirse ese regalo, que incluye 3 mil 619 kilómetros de cauces, arroyos, caminos vecinales y carreteras estatales, unas 7.8 hectáreas en Cañadas de Obregón, Valle de Guadalupe, Jalostotitlán, San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno y Unión de San Antonio.

López Aguayo señaló que Conagua entregó bienes que no le pertenecían, por lo que habría responsabilidad de los funcionarios, comisión de delitos y abuso de la función pública.

Insistió que la intervención del gobierno de Jalisco es muy importante porque en la entrega de los bienes no se establecieron condiciones y, a la fecha, Abengoa puede disponer de los mismos. Indicó que ya se confirmó también que no hay autorización de los ayuntamientos, salvo un acuerdo que se había dado en Jalostotitlán, pero que luego se echó para atrás. “Al día de hoy, si Abengoa tuviera los millones para instalar en esos terrenos las tuberías, lo podría hacer”, enfatizó.

 Alejandro López es el abogado que lleva el juicio de amparo del ejido Agua de Obispo y la Asociación Ganadera de San Juan de los Lagos, que obligó a la modificación del trazo del acueducto. En este caso, dijo que presentaron un recurso por la violación a la suspensión de plano que obtuvieron, porque aún con el cambio se afectan estos territorios.

Crecimiento sustancial

El proyecto para el trasvase con el acueducto debe cancelarse definitivamente, señaló Juan Guillermo Márquez. Si el proyecto se sustentara legalmente y se hicieran las indemnizaciones a particulares, además de los trámites para el derecho de vía de manera correcta, se dispararía a más de 50 mil millones de pesos. Así, no es posible su ejecución.

Consideró que Conagua subestimó a Jalisco y Guanajuato, así como a los afectados, pues su apuesta fue “a un ejercicio autoritario para someter a todo mundo y esto va a disparar muchísimo el costo. La ponderación inicial del proyecto era de 8 mil millones de pesos, y se acota que si rebasaba en 27 por ciento, ya no sería viable financieramente por los impactos. Ahora, con todo lo que ha sucedido y la inflación, eso se puede ir de 40 mil a 50 mil millones de pesos”.

Sobre los obstáculos que se fueron encontrando y que impidieron que Conagua entregara los derechos de vía, consideró que le apostaron a que los afectados no se darían cuenta, por lo que “a medida que fuimos teniendo acceso a la información, obviamente empezó a haber resistencia a la venta de los terrenos. Un momento clave fue el amparo de los del ejido y los ganaderos”.

Aseguró que Abengoa no ignoraba las dificultades que había en torno al trazo, porque hubo reuniones con sus representantes en las que se abordó el tema. Márquez Gutiérrez consideró que los particulares le apostaron a que no perderían, pues aun suspendiéndose el proyecto, “las cláusulas leoninas del contrato de concesión serían a su favor”.

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FRASES

“Al día de hoy, si Abengoa tuviera los millones para instalar en esos terrenos las tuberías, lo podría hacer”
Alejandro López, abogado

“(Conagua apostó) a un ejercicio autoritario para someter a todo mundo y esto va a disparar muchísimo el costo”
Juan Márquez del observatorio del agua

Dan carretera sin autorización

Sin contar con la autorización del Poder Legislativo, como lo obliga la Constitución estatal, el ex secretario de Infraestructura y Obra Pública, Roberto Dávalos López, otorgó una autorización para que la empresa Abengoa construyera el acueducto a León, Guanajuato, por caminos estatales.

En un acuerdo firmado el primero de junio de 2016, el ex funcionario cedió los derechos de vía en la carretera estatal 337 Cañadas de Obregón-Valle de Guadalupe. En el texto se señala que se autoriza a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) “para que pueda construir una línea de agua potable denominada Acueducto El Zapotillo- Los Altos de Jalisco- León, Guanajuato”, en el tramo comprendido en el kilómetro 3.1 al 16.2 entre esos dos municipios.

Aunque la titularidad del derecho de vía entregado a la dependencia federal es intransferible “a terceras personas”, según se manifiesta en el escrito, se deja abierto para que Conagua pueda ejecutar, “por sí o por tercera persona, la construcción, operación y mantenimiento de las obras autorizadas”.

Éste es uno de los puntos cuestionados por los diputados locales en la controversia constitucional que interpusieron el jueves.

En los argumentos, señalan que la construcción del acueducto forma parte de la concesión entregada a la empresa Abengoa por un periodo de 25 años, lo que implicaría que se trata de una decisión que trasciende el gobierno que encabeza Aristóteles Sandoval Díaz, por lo que debió pedir autorización al Congreso del Estado, concluyeron los legisladores. Sonia Serrano Íñiguez

JJ/I