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El doble estándar migratorio

La migración es un fenómeno que al parecer ha ocurrido en nuestro planeta durante millones de años. Millones de animales suelen desplazarse de un sitio a otro, y básicamente lo hacen por las mismas razones: buscar una situación más propicia para mantenerse vivos y prosperar. Ese desplazamiento puede ser cíclico, determinado generalmente por el cambio estacional, lo que implica que los animales tienen por lo menos dos lugares de residencia, más o menos determinados, o puede ser que responda a la necesidad de encontrar un hábitat más adecuado, pues por alguna circunstancia, generalmente un desastre, su hábitat original ya no es adecuado para ellos.

Siendo así, no es extraño que los humanos también migremos, es parte de nuestra herencia, y gracias a ello nuestra especie se ha establecido prácticamente en todos los hábitats del planeta. Pero en nuestro caso, la migración tiene además un componente social. Es decir, migramos, como los demás animales, buscando mejores lugares para vivir y desarrollarnos, pero a diferencia de los animales, no todos los miembros de nuestra especie lo hacemos al mismo tiempo y en la misma dirección. De hecho, hay personas que nunca se han desplazado a más de 100 kilómetros del lugar en que nacieron.

Otro componente social de la migración es la existencia de fronteras que delimitan los territorios y de regulaciones para determinar quiénes pueden atravesar las fronteras y transitar por dichos territorios y quiénes no. Es comprensible que exista dicha regulación, dado que está en juego la seguridad de las personas que habitan en cada territorio, así como el control de los recursos ubicados en ellos. Sin embargo, dado que la inmensa mayoría de las personas que migran lo hacen buscando mejores condiciones de vida, se reconoce que la migración es un derecho humano.

Claro, como todo derecho no es absoluto, y su ejercicio está sujeto a condiciones, pero dichas condiciones deberían hacer prevalecer ante todo la dignidad humana de las personas migrantes. En ese sentido, tratar como delincuentes a los migrantes indocumentados es una violación a sus derechos, puesto que se estaría pasando por alto la presunción de inocencia, sólo por mencionar un derecho. En el fondo, el problema es que las personas que migran sin papeles se encuentran en una situación de vulnerabilidad que favorece que sufran muchos abusos.

Por este motivo se explica que personas como Trump, el presidente de Estados Unidos, pueda tomar decisiones tan reprobables como separar a las familias migrantes indocumentadas, dejando en un lugar a los adultos y en otro a sus hijos, sin posibilidad de que los padres puedan seguir velando por ellos, con lo que se vulneran los derechos de los infantes y de sus padres.

Afortunadamente, los medios de comunicación dieron cuenta de esa situación, y eso generó presiones para que Estados Unidos corrija su política migratoria, por lo menos en ese punto. El resultado de la presión todavía no es claro, pero definitivamente es necesario mantener la exigencia al respecto.

Sin embargo, en el caso de nuestro país, la presión oficial ha sido muy tibia, y al parecer se debe a que nuestro gobierno no quiere ser acusado de aplicar un doble estándar, pues un medio de comunicación recientemente dio a conocer el hecho de que la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación reportó que en 2017 fueron detenidos 10 mil 740 niños en estaciones migratorias de México en situaciones parecidas a las que se dan en Estado Unidos, aunque tal vez menos crudas.

Y nosotros, ¿manejaremos un doble estándar o le exigiremos a nuestro gobierno que respete la dignidad de los migrantes?

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@albayardo

JJ/I