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Crucificándose
Empiezan las campañas
La historia de la concesión entregada a la empresa Abengoa para que lleve agua de la Presa El Zapotillo a la ciudad de León, Guanajuato, está plagada de excesos e inconsistencias. La duda que surge es por qué el interés obsesivo de la autoridad para que fuera la empresa española la que ejecutara la obra, a pesar de su proceso de quiebra y, cuando ya no había salida, por qué ha ayudado para que los particulares ganen.
En la renuncia que presentó Abengoa a la obra, que es la misma vía por la que exige se le pague una millonaria indemnización, hay cerca de 100 documentos anexos, en los que la empresa exhibe a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por sus omisiones y excesos. Esos documentos, que hacen parecer que Conagua quiso ayudar en todo momento a Abengoa, son utilizados como prueba por la empresa para demandar al gobierno de México.
Abengoa obtuvo la concesión para construir el acueducto Zapotillo-León en 2011 y debía entregar la obra en 2014. Sin embargo, Conagua validó los atrasos con dos prórrogas, cada una de 12 meses.
El argumento de la dependencia federal para permitir los atrasos fue que no se tenían listos los derechos de vía. Este punto es clave en el reclamo de indemnización de Abengoa, porque le permite acreditar que la responsabilidad en el incumplimiento del contrato fue de la autoridad.
Lo anterior significa que, mientras Abengoa enfrentaba un proceso en España para no ser declarada en quiebra y no tenía recursos para comenzar la construcción, pues Banobras congeló el crédito que le otorgó precisamente por su crisis financiera, Conagua asumió la responsabilidad en el retraso.
Otro punto que destaca de los documentos presentados como prueba por Abengoa es la falta de planeación de Conagua. Se decidió que el acueducto iría de la Presa El Zapotillo hasta la ciudad de León, donde además se crearía una red hidráulica de distribución, sin verificar los usos, derechos y propiedades o posesiones que atravesaba en el camino.
Para llevar el agua de la presa a la ciudad de León, el acueducto debía cruzar por bosques, propiedades privadas, ejidos y tierras para siembra y ganado, sin contar bienes públicos como cauces, arroyos, redes hidráulicas, eléctricas o de Petróleos Mexicanos, así como caminos vecinales, carreteras estatales y autopistas.
Eso no fue un problema para Conagua, que en el caso de los bienes públicos entregó los derechos a la empresa, mientras que en el caso de los privados los respaldó con convenios de promesa de compra. En estos últimos, al no concretarse los pagos a los particulares, éstos se negaron a entregarlos para que ahí se trabajara; lo anterior, sin contar aquellos con los que Conagua ni siquiera se tomó la molestia de hablar, que es el caso del Ejido Agua de Obispo y la Asociación Ganadera de San Juan de los Lagos, y que prefirieron ir al amparo, consiguiendo la suspensión.
Esto último motivó que se hiciera una modificación al contrato de concesión para desviar el trazo del acueducto. Conagua consideró que no habría problema si utilizaba bienes federales, aprovechando el derecho de vía de la autopista. Sin embargo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes negó la autorización.
Hay que recordar que hubo otras autoridades que ayudaron a Abengoa. En 2014 la empresa española comenzó a enfrentar problemas financieros serios y se calculaba que su deuda documentada superaba los 7 mil millones de euros. La empresa emitió bonos de deuda para capitalizarse y, entre los compradores, aparecieron Infonavit y el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, que no han podido recuperar su inversión.
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JJ/I