Desvirtúa imprecisión la tarea anticorrupción

Falta cambio. Gerardo de la Cruz espera una modificación legislativa. (Foto: Grisel Pajarito)

Entre 65 y 70 por ciento de los casos que investiga la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción son ajenos a actos de daño al erario cometidos por funcionarios públicos o se trata de delitos que, simplemente, tendrían que ser atendidos por otras instancias de la Fiscalía General del Estado.

En septiembre de 2017, como parte de la creación de las bases de lo que sería el Sistema Estatal Anticorrupción, los legisladores locales realizaron diversas modificaciones al Código Penal del Estado. Entre éstas se incluyó el cambio de nombre del título séptimo, que pasó de ser relativo a los “delitos cometidos por servidores públicos” a “delitos por hechos de corrupción”.

Si bien en este apartado se abordan delitos como el enriquecimiento ilícito, el cohecho, el peculado o el tráfico de influencias, también se incluyen los casos de abuso de autoridad, desaparición forzada o la tortura.

Derivado de esta imprecisión, a pesar de existir otras fiscalías nacidas específicamente para el abordaje de esas problemáticas (como es el caso de la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas), el ente anticorrupción también tiene que conocer de ellas, lo que propicia que su capacidad de trabajo se vea superada.

Gerardo de la Cruz Tovar, nombrado este año como fiscal anticorrupción, detalló que la gran mayoría de las alrededor de 700 carpetas de investigación abiertas son relativas a casos abuso de autoridad, por lo que pidió a los diputados locales hacer una nueva revisión de la legislación.

“Creo que se hicieron tan rápido las modificaciones, que no se pensó adecuadamente en aterrizarlas. En la Constitución, a nivel nacional, lo que se buscaba era que se combatieran hechos de corrupción, por lo tanto, habría que definir de una manera legislativa qué consideramos que es un hecho de corrupción y qué le toca conocer a esta fiscalía”.

JJ/I