Deuda, alto riesgo

Durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto la deuda ha tenido un elevado incremento que puede poner en riesgo la estabilidad económica del país para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, además de reducir la capacidad de maniobra e inversión pública.

En 2012 la deuda del sector público pasó de representar 33 por ciento del PIB hasta llegar a 48.2 por ciento en 2016, lo que motivó una reducción en la calificación de riesgo país a México.

La presión externa forzó a un mayor control de la deuda que al cierre de 2017 se ubicó con un valor equivalente a 46.4 por ciento del PIB nacional, lo que permitió recuperar la apreciación de las principales calificadoras a A3, BBB+ y BBB+ según Moody´s, Fitch y Standard & Poors.

Sin embargo, el monto de la deuda, la más elevada de la historia en pesos, sigue siendo un grave riesgo para la economía, pues en este año, el último del sexenio, se sigue expandiendo el débito nacional y en muchas ocasiones sólo se logra cubrir intereses, sin amortizar capital.

Ya López Obrador ha manifestado que mantendrá finanzas sanas, que no aumentará los empréstitos, pero solamente para cubrir el servicio de la deuda se tendrá que recurrir al fondeo público.

Así lo acaba de hacer Peña, el gobierno de México registró ante la Comisión de Valores de Estados Unidos una nueva emisión de deuda hasta por 10 mil millones de dólares.

Estos recursos, según la información disponible, serán usados para “propósitos generales de gobierno, incluyendo refinanciación, recompra o retiro de endeudamiento local o externo”.

Esto quiere decir que la bola de nieve sigue creciendo.

AHORROS

Una verdadera rebelión en la alta burocracia puede generar la nueva ley de salarios máximos que deberá legislarse a partir de septiembre para que ningún funcionario gane más de 108 mil pesos, remuneración mensual fijada como máximo por Andrés López Obrador para el presidente de la República.

Lo mas grave de todo, según nos cuentan, no es que se bajen el sueldo sino que quiten bonos y otras prestaciones económicas como los gastos de representación y los viáticos.

Muchos funcionaros no están dispuestos a ver mermados sus ingresos y amenazan con renunciar. Alegan que por trabajos similares ganan más en el sector privado.

 Ya veremos.

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JJ/I