Quinto Patio

Cuentan que el lunes pasado se reunió la cúpula de la Universidad de Guadalajara (UdeG), pero la de verdad, es decir, esa que es encabezada por Raúl Padilla López, para discutir el caso del profesor Horacio Hernández Casillas, señalado por acoso y hostigamiento sexual. La indicación fue darle “para adelante”, aunque hubo quejas por la actuación de uno de los grupos, el que encabeza el secretario general de la casa de estudios, José Alfredo Peña Ramos, El Atengo, que se opone a la sanción. Lo cierto es que ese día se manejó que el asunto iría al Consejo General Universitario, pero finalmente se dejó en manos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).

Al interior de ese selecto grupo de la UdeG hay quien cree que con esa vía sólo se abre la puerta para que el señalado tumbe la resolución en tribunales, pues en su centro de trabajo pueden removerlo como coordinador de la carrera, pero no tienen atribuciones para retirarle su nombramiento como profesor. Lo que algunos creen es que no se quiere sentar un precedente, no vaya a ser que otras acosadas por otros universitarios también se animen a denunciar. Porque hay más casos, dicen en los pasillos.

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Para que se advierta cómo el tema del acoso sexual está extendido en todo el sector educativo, donde las víctimas son desde estudiantes hasta profesoras, principalmente, pos les contamos que precisamente ayer la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió una recomendación. Va dirigida a la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) a favor de una servidora pública que labora en una escuela primaria y que recibió amenazas de muerte, hostigamiento sexual y agresión verbal por el entonces director del plantel. La SEJ aceptó la recomendación.

Lo mismo en la UdeG que en educación básica se dan casos de acoso y hostigamiento sexual. Peeeero no sólo ahí: También se registran situaciones críticas en instituciones educativas privadas, sólo que como no son servidores públicos sus profesores y directivos lo que ahí sucede queda dentro, prácticamente no se sabe, y organismos como la CEDHJ no tienen ahí injerencia.

Al acusado o acusada, sea o no sea cierta la acusación, se le sanciona casi siempre con el despido laboral, sin que se tengan datos de cómo padecen ahí las agresiones, sobre todo las mujeres. Desnaturalizar la violencia contra las mujeres es una tarea cultural y educativa de toooodos y toooodas.

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Resulta que desde el 15 de julio el priísta con cargo de diputado del PVEM Omar Hernández regresó al Congreso del Estado tras no lograr ganar la alcaldía de Arandas. Lo irónico es que oficialmente está de regreso, pero no se ha dejado ver en el palacio legislativo, y eso que hay un tema vigente que debería estar solucionando.

Hernández es titular de la Comisión de Movilidad, y con el conflicto de Uber y la Secretaría de Movilidad era urgente que se pronunciara y fijara una posición, peeeeeero prefiere no hacerlo como ocurrió en toda la Legislatura. Estos temas, pese a ser de su competencia, no le importan. Desde el inicio de la Legislatura le dejó los reflectores al emecista Alejandro Hermosillo, quien sí ganó la reelección y que hoy regresa a laborar. Y quizá él sí quiera opinar.

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Seguimos perdiéndole la fe en la ciudad de Guadalajara a la Marina, al Ejército, a la Gendarmería Nacional y a las corporaciones policiales, pero sobre todo a las municipales. Lo dice la última encuesta nacional de Inegi acerca de la percepción de inseguridad pública urbana en el país.

Por ahí la gente tiene en mente a los policías de Tlajomulco como casi los más decepcionantes, y a los de Tonalá casi en la mayor desconfianza, al grado de que sólo una de cada tres personas confía en ellos. A ver si mandan a alguien a San Pedro Garza García, Nuevo León, para que les diga cómo lograr la confianza de 82 por ciento de los habitantes.

qp@ntrguadalajara.com

JJ/I