Afirman que hay avances en sistema penitenciario

El gobierno de Jalisco aseguró que hay avances en el sistema penitenciario y presumió la certificación internacional de cuatro centros, tres en el interior del estado y uno en el complejo Puente Grande; sin embargo, no dio a conocer cifras puntuales de los rubros que se han mejorado.

Ayer, Roberto López Lara, secretario general de Gobierno (SGG), ofreció una rueda de prensa junto con el fiscal general del estado (FGE), Raúl Sánchez Jiménez; Dante Haro Reyes, fiscal en Derechos Humanos, y Carlos Antonio Zamudio Grave, fiscal en Reinserción Social, en la que hablaron sobre la recomendación 18/2018 que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual señala una falta de control en la seguridad de la Comisaría de Sentenciados del Estado de Jalisco por parte de las autoridades penitenciarias, así como condiciones de sobrepoblación, hacinamiento y autogobierno.

López Lara detalló que el miércoles sostuvieron una reunión en la Ciudad de México con la doctora Ruth Villanueva, quien es la que le da seguimiento a la recomendación emitida en junio.

“Se entregó la aceptación y las evidencias de avance en cumplimiento de la recomendación 18/2018; intercambiamos las impresiones sobre la labor que hemos llevado a cabo desde el inicio de esta administración, haciendo énfasis en algunas prácticas y estrategias para cumplir las disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal en los pilares de la reinserción”, declaró el secretario estatal.

Al tratar de conocer los avances concretos que habían presentado al organismo y que se aplican en este centro, ninguna de las autoridades presentes respondió de manera puntual.

Para el caso del hacinamiento, Haro Reyes detalló que se trabaja en la aplicación de programas voluntarios que existen en todo el sistema penitenciario del país, como el que los internos puedan pedir su cambio al centro federal de Islas Marías, sitio en el que estarían junto con su familia y en donde actualmente sólo hay 600 personas, cuando la capacidad es para 6 mil.

Otro programa, el cual tiene que ser solicitado por el recluso, es cuando piden cambio de residencia a su lugar de origen, por ejemplo, si hay un michoacano en un centro de reclusión de Jalisco, podría pedir que lo lleven a una prisión de Michoacán; sin embargo, en ninguno de los dos casos dieron a conocer cuántas peticiones existen en los centros de Jalisco.

El fiscal de Reinserción Social también detalló que para atender esta situación en la Comisaría de Sentenciados, en donde actualmente hay 5 mil 668 internos cuando la capacidad es sólo para 2 mil 118, se revisan constantemente los casos donde las personas cuentan con algún beneficio de prelibertad, pero tampoco detalló cuántos están en esta situación.

Zamudio Grave recordó que el sistema penitenciario nacional sufrió una reforma trascendental a partir de la publicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el 16 de junio de 2016, con la que se creó una nueva forma de llevar el sistema penitenciario del país.

Aseguró que Jalisco desde antes de esta modificación se estaba trabajando al respecto y con los pilares de la reinserción: educación, trabajo, la capacitación para el trabajo, salud y deporte.

Para el tema de autogobierno, donde la CNDH constató mediante una visita realizada en febrero de este año que los internos realizan “funciones de custodia y control del ingreso de las familias a visita; algunos de ellos tienen presencia permanente en el área de gobierno, custodian el ingreso a los dormitorios, habiendo encargados en cada uno de ellos. De lo anterior se advierte que personas privadas de la libertad ejercen funciones de autoridad sobre el resto de la población, siendo omisa la fiscalía de incumplir su deber de cuidado sobre las personas privadas de la libertad en ese establecimiento penitenciario”, se lee en la recomendación.

Sin embargo, Zamudio Grave precisó que estas personas están debidamente registradas ante el director del centro y que hacen esta labor con el afán de obtener estímulos de buena conducta.

“La autoridad es el gobierno, el gobierno del estado es en este caso el que impone la política penitenciaria a seguir en la entidad y su servidor como fiscal de Reinserción Social tengo esa responsabilidad”, indicó.

El haber aceptado la recomendación de la CNDH, dijo, le impone la obligación de que las observaciones que se hicieron sean atendidas de manera puntual, incluyendo las prácticas que ellos consideraron forman parte del autogobierno.

Recordó que al interior de los 14 centros de reinserción social con los que cuenta el estado hay integrantes de 14 grupos de la delincuencia organizada, aunque la mayoría se concentran en el Reclusorio Preventivo y en el de Sentenciados.

“Buscamos la estabilidad de los centros, el equilibrio y que no haya privilegios de nadie sobre otro, eso permite estabilidad al interior de todos los centros”, añadió.

Finalmente, detalló que la certificación con la que cuentan los centros de reclusión en Autlán, Lagos de Moreno, Tequila y el Reclusorio Metropolitano se lograron gracias a que cumplieron 137 estándares internacionales en el rubro de salud, seguridad y de organización al interior de los centros.

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FRASE

“(Al entrevistarnos con la CNDH) se entregó la aceptación y las evidencias de avance en cumplimiento de la recomendación 18/2018”
Roberto López Lara, secretario general de Gobierno

NÚMEROS

14 centros de reinserción social dependen del gobierno del estado

4 están certificados internacionalmente; son los de Autlán de Navarro, Tequila y Lagos de Moreno, así como el Reclusorio Metropolitano

JJ/I