Ejecutivo-Judicial: ¿la guerra?

A finales de abril pasado, al presentar sus propuestas sobre el combate a la corrupción, el hoy gobernador electo Enrique Alfaro Ramírez sentenció:

“Tenemos que limpiar de fondo el modelo del Poder Judicial. El modelo del Poder Judicial se echó a perder, se pudrió. He explicado que con esta idea de ir quitando magistrado por magistrado simplemente en los juicios laborales nos vamos a llevar 850 años en terminar el proceso. Lo que nosotros estamos planteando es otra ruta, sabemos que se puede hacer, tenemos bases constitucionales para hacerlo…”.

Días antes, en un foro organizado en la Universidad del Valle de Atemajac (Univa), luego de referirse a los antecedentes del ex presidente del Poder Judicial, Luis Carlos Vega Pámanes, Alfaro Ramírez advirtió: “Mientras el Poder Judicial esté secuestrado por corruptos no hay paz alcanzable…”.

En la segunda semana de mayo, al participar en la firma de un pliego de compromisos ante la comunidad estudiantil de la División de Estudios Políticos y Sociales del CUCSH, de la Universidad de Guadalajara, el alcalde de Guadalajara con licencia reiteró la necesidad de romper el pacto de impunidad y “limpiar el Poder Judicial”.

Enrique Alfaro habrá asumido la gubernatura, el próximo seis de diciembre, cuando ya tendrá enfrente –una semana después, aproximadamente-, la renovación o ratificación de la presidencia del Poder Judicial que actualmente ostenta el magistrado Ricardo Suro Esteves, quien se someterá a la decisión de sus compañeros de entregar el cargo o repetir un segundo período por dos años más.

En diciembre próximo el Poder Judicial entrará a un proceso en el que estará a prueba su autonomía e independencia frente a un nuevo gobierno, recién llegado al poder, de extracción partidista diferente a los dos –PRI y PAN- que han gobernado Jalisco: del partido Movimiento Ciudadano. Y trasciende que ya algunos miembros del alfarismo han tomado cartas en el asunto.

Los mensajes que Alfaro envió durante su campaña por la gubernatura, enmarcados en la presunta “refundación” que pretende llevar a cabo, es que quiere la salida de todos los actuales magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y una revisión del resto de la plantilla del Poder Judicial, algo similar a lo que pretendió realizar el panista Alberto Cárdenas Jiménez cuando llegó al gobierno, pero que fracasó ante el pésimo proceso que implementó el entonces secretario general de Gobierno, Raúl Octavio Espinoza Martínez, quien fue exhibido –a través de esta columna cuando se publicaba en el entonces periódico Ocho Columnas- de haberles ofrecido una indemnización por su retiro de 150 mil pesos de entonces para cada magistrado, que le fue rechazado.

Pero por muy buenas intenciones que digan tener los gobernantes que llegan al poder, nadie es tan ingenuo como para creer que en esa pretendida renovación o limpieza del Poder Judicial el verdadero propósito no sea tener un Poder Judicial “a modo”, con la mayoría de magistrados “incondicionales”, que terminen respondiendo a sus intereses, quedando como siempre en el discurso un supuesto respeto a la separación y autonomía de los poderes del Estado.

La llegada de un nuevo titular del Poder Ejecutivo y la decisión de renovar o ratificar al titular del Poder Judicial, con pocos días de diferencia, es el anuncio de una guerra que viene cuyo final es de pronóstico reservado. Sin embargo, lo que pudiera suceder dependerá del trabajo de cabildeo que hagan los alfaristas y el propio gobernador electo, antes de que los magistrados se encierren a definir su futuro, que se verá en la encrucijada de seguir sometidos al primero o hacer valer su verdadera autonomía e independencia que, lamentablemente, estará sujeta a la voluntad del gobernante de entregarles su presupuesto constitucional.

ES TODO, nos leeremos ENTRE SEMANA.

JJ/I