Reorganizar

Andrés Manuel López Obrador anunció una reestructura total del aparato burocrático federal, que implicará la desaparición de todas las delegaciones federales para crear 32 coordinaciones estatales, el traslado paulatino de prácticamente todas las secretarías a diversas ciudades del país y la eliminación de las áreas de comunicación social, entre las principales medidas.

AMLO, que ha sostenido que el combate a la corrupción y la austeridad serán las prioridades de su gobierno, ha vinculado la reducción del aparato burocrático como una primera medida hacia el logro de éstas prioridades, garantizando en todo momento el empleo a los trabajadores de base, no así para los mandos superiores. Paralelamente, sigue adelante con su plan de descentralizar las dependencias federales hacia los estados, aunque aclara que éste será un proceso paulatino, en el que no hay una fecha límite, que podría comenzar con el traslado de la Secretaría de Turismo a Chetumal, Quintana Roo, y la de Agricultura a Ciudad Obregón, Sonora.

Rechaza la percepción de algunos segmentos de la sociedad, en el sentido de que se trata de decisiones por decreto inconvenientes, cuyos esfuerzos de movilización y organización de recursos humanos redundará irreductiblemente en fuertes gastos que contradicen su política de austeridad. AMLO señala que se tendrán que crear las condiciones para todo ello, y que su gobierno no impondrá “nada por la fuerza, sino todo por la razón y el derecho”.

Un criterio rector es que se reducirán todos los cargos que se dupliquen, de ahí que desaparecerán las áreas de comunicación que existen en las dependencias del gobierno y toda la comunicación gubernamental se concentrará en una sola entidad. La reestructura del gobierno federal ya vendrá incluida en el PEF para 2019, de manera que los recursos que se ahorren, afirma AMLO, se reflejarán en un aumento de salarios a soldados, marinos, enfermeras, médicos y maestros.

La ingrata sorpresa para la ciudadanía y para muchos diputados, es que en la práctica, el PEF se ejerce de una manera radicalmente diferente a como los legisladores lo aprueban y como el resto de la sociedad creemos. Esto lo evidencia con pelos y señales Leonardo Núñez González, en su tesis Presupuesto de Egresos ficticio: el gasto del gobierno en la cuenta pública.

La investigación demuestra que existe una asimetría entre los datos que indica el PEF y aquellos que aparecen 16 meses después en la cuenta pública.

Importante es destacar que a pesar de la incongruencia y el desorden están apegados a la Ley.

El art. 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, permite ampliaciones o reducciones en las diferentes categorías, si las dependencias justifican que éstas son en pro de “la búsqueda del mejor cumplimiento de los objetivos del Estado”. Lo que solo el Ejecutivo sabe si se cumple.

Habrá que ver si el próximo ejecutivo federal,  le pone un hasta aquí a esta dinámica discrecional en el gasto público, que si bien es legal, promueve el desorden y el gasto excesivo, sin que el Legislativo ni ningún otro órgano intervenga como contrapeso. Al tiempo.

@acanovelez

JJ/I