La crisis disfrazada

Uno se afirma como gobierno popular y de izquierda surgido de una revolución. Otro se ubica como un gobierno democrático, promotor del libre mercado y modernizador. En realidad, ambos se han mostrado como lo contrario que dicen ser y entre los dos se disputan el triste reconocimiento como los países más pobres del continente después de Haití.

De Nicaragua se ha hablado recurrentemente en los medios durante las últimas semanas; una medida económica, completamente ajena a lo que originalmente podría imaginarse de un gobierno de izquierda fue la gota que derramó el vaso de la histórica ola de protestas contra el régimen. Luego de años de ‘luna de miel’ con el empresariado local, y hasta del establecimiento del proyecto trasnacional para construir un canal interoceánico alternativo al de Panamá, la cuestión social y las libertades políticas se deterioraron significativamente.

El desencadenamiento de las protestas sociales se produjo luego de la decisión gubernamental de modificar las condiciones de seguridad social, y particularmente de jubilación, extendiendo significativamente la edad para poder jubilarse, así como el tiempo de cotizaciones para lograrlo. Todo ello, con una expectativa de tener una jubilación cada vez menor. Las protestas de los nicaragüenses no se han hecho esperar y conforme a lo movilizados se cuentan ya más de 200 muertes y un ambiente de Estado de sitio, pese a que el gobierno retiró la reforma de pensiones. La lógica modernizadora de Ortega ha desembocado prácticamente en una crisis humanitaria.

En Honduras la situación no es mejor. El país se empobrece más ante el desplazamiento que hubo de inversión hacia Nicaragua. En las últimas elecciones presidenciales fue tal el descontento por el desaseo en el proceso electoral, que también se estableció un Estado de Sitio.

Entre los desmanes, se atacaron y destruyeron comercios y se afectó gravemente la vida cotidiana. Ahora se encuentra en otra crisis que puede derivar en un conflicto similar: los gasolinazos. En efecto, los transportistas no sólo han parado sus unidades, como protesta, sino que literalmente bloquearon el jueves y viernes pasados, las entradas y salidas de las principales ciudades, así como las avenidas más importantes. Su demanda actual, buscando el apoyo social, ya no es por un aumento en las tarifas del transporte, sino por una reducción significativa en el precio de los combustibles. La estabilidad económica y social del la ya de por sí deteriorada vida hondureña, puede resquebrajarse todavía mucho más, y con ello la represión y la violencia. No obstante, es de extrañar el hecho de que las referencias a la situación hondureña sean mucho menores a las de Nicaragua. El que uno de los gobiernos se manifieste como de “izquierda” y otro como “liberal” no es gratuito, aunque al final, el resultado está siendo igualmente grave.

Uno y otro desencadenante de las situaciones de Nicaragua y Honduras, la reforma del sistema de pensiones y el precio de las gasolinas, son elementos de fuerte riesgo en México. La situación financiera de la seguridad social obliga a que cada año crezca de manera significativa la parte del presupuesto público NO programable, en gran parte por peso acumulados del costo de las pensiones y la rentabilidad de las cotizaciones derivada al sistema financiero. La crisis de los gasolinazos en el 2017 muestra una problemática que requiere atención urgente, ante la falta de reservas de gasolinas, el deterioro de las refinerías y el encadenamiento de los costos a la paridad peso-dólar. En el caso de la problemática financiera de la seguridad social no parece haber aún una estrategia clara por parte de lo que será la administración de López Obrador, mientras que en el caso de la política energética sí hay una propuesta clara, pero que ha generado fuertes cuestionamiento y que afecta intereses significativos. ¿Qué terminará haciendo AMLO? De las políticas que aplique dependerá fuertemente su consolidación o su descrédito. Habrá que aprender sobre la cabeza ajena de Nicaragua y Honduras.

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JJ/I