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Disfrutan de bonos y seguros médicos

Como reyes. Los integrantes del Poder Judicial habrían tenido beneficios que la ley prohíbe. (Foto: Grisel Pajarito)

Los consejeros de la Judicatura en el estado se otorgaron bonos fuera de la ley, además de gastar más de 18 millones de pesos en seguros de gastos médicos mayores y recibir gastos de representación. Éstos son algunos de los puntos señalados por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) al revisar la cuenta pública de 2016 de este órgano del Poder Judicial.

En el informe de auditoría remitido al Congreso del Estado, se propone rechazar la cuenta pública del Consejo de la Judicatura del estado y fincar cargos por casi 24 millones de pesos. De estos recursos, el monto más importante que se señala es por 18.3 millones de pesos por el pago de seguros de gastos médicos mayores.

En las observaciones que remite la ASEJ, menciona que ese beneficio “sólo se da a un grupo selecto o privilegiado de servidores públicos”; agrega que, si hay recursos, “tendría que otorgarse ese beneficio de manera general al personal, tal como se brindan los servicios médicos a todos los servidores públicos del Consejo de la Judicatura por conducto del Instituto Mexicano del Seguro Social”.

Al no justificar el millonario gasto, el órgano de fiscalización consideró que no se solventaba la observación, “de lo cual se advierte una probable afectación a la hacienda pública por la cantidad de 18 millones 388 mil 346.66 pesos”.

La Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios señala que “no se autorizará la contratación de seguros de gastos médicos privados para ningún servidor público, salvo que por motivo de sus condiciones generales de trabajo u otro instrumento obligatorio hayan convenido con sus trabajadores otorgar dicha prestación”.

Otro rubro por el que se propone fincar cargos a los consejeros de la Judicatura es porque se otorgaron  compensaciones por más de 1.3 millones de pesos. En este caso el señalamiento se hace porque no se presentó el acta de sesión y del acuerdo del pleno del Consejo de la Judicatura en el que se autorice esta prestación.

Además, no entregaron el dictamen técnico presupuestal y los criterios necesarios para sustentar esta percepción que se denominó “compensación por nómina”. Así, se mantuvo el señalamiento por un millón 331 mil 42.76 pesos.

Otra compensación, por 135 mil 358.98 pesos, se entregó al presidente del Consejo de la Judicatura. En 2016 ese cargo lo tenía el ex presidente del Poder Judicial Luis Carlos Vega Pámanes, quien renunció al cargo tras señalamientos de abuso de poder y luego que se confirmó que tenía antecedentes por un proceso penal del que no había dado cuenta cuando fue nombrado.

La asej confirmó que se pagó una compensación laboral, la cual es irregular porque la presidencia del Consejo de la Judicatura “se da con motivo del cargo principal que tiene como presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado”, institución que en términos institucionales se hace cargo de las obligaciones patronales.

Además, el artículo 111 de la Constitución local prohíbe de manera expresa el pago de compensaciones: “Ningún servidor público podrá percibir remuneración adicional alguna por el desempeño de cargos, comisiones, representaciones o alguna función similar, que ocupe de manera inherente, derivada o complementaria al cargo principal”.

La Ley de Austeridad y Ahorro señala que “por ningún motivo se autorizarán bonos o percepciones extraordinarias, como lo señala el segundo párrafo del artículo 111 de la Constitución del Estado”.

Otro apoyo que se entregó a los consejeros de la Judicatura es el de “gastos de representación”, el cual fue observado por un monto de 928 mil 114.60 pesos. En este caso, no se entregó el acuerdo del pleno en el que se autorizaron, pero tampoco los documentos comprobatorios o para justificar los recursos asignados a cada consejero, que debían entregar facturas “que reúnan todos los requisitos fiscales e institucionales”.

La ASEJ también hizo señalamientos por el pago a personal que no acude a laborar en enero, abril, junio, julio, agosto, septiembre y diciembre. En las nóminas se hicieron anotaciones de los responsables con leyendas como “no laboraron en este juzgado o área, no se presentaron a trabajar, no se presentaron por incapacidad, no les consta las funciones que realizan en esas áreas”, entre otras. A pesar de esto, los cheques, que suman un millón 189 mil 135.43 pesos, no fueron cancelados.

El Consejo de la Judicatura es un órgano del Poder Judicial, encargado del trabajo administrativo en la justicia de primera instancia.


JJ/I