Quinto Patio

En el Consejo de la Judicatura hay niveles; bueno, no niveles, ¡abismos!, entre los de arriba y los de abajo. Los de arriba, los consejeros, se otorgaron bonos considerados ilegales por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ). Eso sin contar que gastaron más de 18 millones de pesos en seguros de gastos médicos mayores y, el betún del pastel, fue que recibieron “gastos de representación”, a pesar de los sueldazos que disfrutan.

La revisión de la Cuenta Pública 2016 desnuda al Consejo de la Judicatura, de cómo se han dado a manos llenas. Por lo pronto, la ASEJ rechazó la cuenta y fincó cargos por casi 24 milloncitos. La auditoría destaca cómo el seguro de gastos médicos sólo se dio a “un grupo selecto o privilegiado” de ese organismo del Poder Judicial. Pregunta ingenua: ¿será por eso que ser consejero es un cargo muuuuyyy peleado?

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Añadamos que la transparencia de la ASEJ al subir versiones públicas de los informes finales de las cuentas públicas es loable, aunque ha provocado resquemores. Una molestia de funcionarios públicos es porque no pone nombres de los titulares de esos cargos, se generalizan responsabilidades y suelen cometerse confusiones al atacarlos sin tener relación, dicen.

La versión pública es escueta y no detalla las infracciones, argumentan. El usuario debe ser todólogo para intentar adivinar quién estaba en ese momento en el cargo y podría caer en el error, porque no se habla del periodo de la falta, y esto afecta a los alcaldes que entran al final del año calendario y a veces son los que cometen las faltas, o al contrario, son involucrados sin deberla. La buena acción de la ASEJ y el Itei es un avance, habrá que precisar más detalles.

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En un mes, a más tardar, la contraloría del Congreso del Estado informará sobre el conflicto de interés de los diputados que contrataron familiares en sus mismas áreas de trabajo. Adelantamos, por versiones en los pasillos, que habría sanciones para la integrante de Morena Anahí Olguín y la priísta Refugio Cuquis Ruiz Moreno porque los recibos de nómina demuestran que contrataron de manera directa, la primera a su hermano y la segunda a su hijo, en sus oficinas, por su puro poder de “yo mando”.

Las diputadas novatas ni siquiera pudieron disimular, y una hasta se negó a despedirlo. Seguramente serán castigadas por el Tribunal de Justicia Administrativa, adonde se turnará el caso para que imponga sanciones que pueden llegar hasta la inhabilitación al cargo. Ellas son las primeras, pero también se habla del director de Control Presupuestal, Aldo Ramírez, y del líder sindical Ulises Hernández, quienes metieron a su hija y su esposa, respectivamente. Pronto sabremos si esta contraloría quiere marcar un hito y si trae dientes afilados.

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Deseamos que no sean una tétrica moda las fosas clandestinas, que recién repuntaron en la zona metropolitana, en especial las de Santa Elena de la Cruz, en Guadalajara, y Villa Fontana Aqua, en Tlajomulco. Sorprende cómo el crimen organizado opera sin la menor preocupación al enterrar lo mismo a uno que a 10 cristianos en patios de las casas. Donde se acostumbraba colocar el tendedero, ahora sepultan personas.

A las corporaciones policiacas el asesinato, el traslado y la sepultura de cuerpos les pasan de noche, la impunidad gobierna en calles y colonias, y la justicia está suplantada por las ejecuciones sumarias e inhumaciones. Y la Fiscalía General dice que investiga mucho pero revela poco. Es la pura burocracia.

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Tan es burocrática la Fiscalía General que hasta ahora no ha localizado al dirigente nahua, abogado, a quien ocho personas armadas sacaron violentamente de su domicilio en Cuautitlán de García Barragán. Eso fue el 23 de octubre de 2012. En el seguimiento del caso intervinieron las comisiones Nacional, que emitió una recomendación en 2013, y la Estatal de Derechos Humanos, que emitió otra ayer.

La fiscalía ha sido omisa en reparar de manera integral el daño. Ya la comisión estatal recomendó que lo haga. Mínimo.

qp@ntrguadalajara.com

JJ/I