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Legisladoras listillas
Al Rey Sol
De manera burda y por demás ilegal, el Congreso del Estado pretende lavar la Cuenta Pública 2015 del presidente municipal de Zapopan, Jesús Pablo Lemus Navarro, a quien la Auditoría Superior del Estado (ASEJ) le impuso cargos por mil 282 millones de pesos, correspondientes a sus tres primeros meses de gobierno.
Ignorantes de la ley o mañosos por pretender evadirla, los diputados en pleno aprobaron el jueves regresar a la Auditoría Superior un paquete de 85 cuentas públicas con observaciones para una “segunda revisión”, entre las que destacan dos del Ayuntamiento de Zapopan: la del último trimestre de 2015 y la anual correspondiente a 2016.
Los diputados deben saber –y si no lo saben, que confiesen su ignorancia– que la cuenta 2015 ya no puede ser regresada a la ASEJ para una “segunda revisión” –es de vergüenza esta decisión– porque esa “segunda revisión” se hizo cuando el ayuntamiento zapopano aportó documentación para solventar las observaciones que la auditoría le hizo antes de emitir su informe final con los cargos millonarios ya mencionados.
La Cuenta Pública 2015 de Jesús Pablo Lemus debió de haberse procesado de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 85, capítulo II que habla “del procedimiento de aprobación o rechazo de los informes finales de la auditoría pública”, de la Ley de Fiscalización y que a la letra dice:
“La Comisión –de Vigilancia– tiene nueve meses a partir de la recepción de los informes finales para dictaminar o realizar las observaciones, en caso contrario, el presidente del Congreso deberá dar cuenta al pleno para que éstas sean aprobadas en el sentido propuesto por la Auditoría Superior”.
Expliquémosles a los diputados con peras y manzanas: La Comisión de Vigilancia recibió el informe final de la Cuenta Pública 2015 de Lemus Navarro en mayo de 2017. De acuerdo con la Ley de Fiscalización, tuvo nueve meses para dictaminarla o hacerle observaciones. Ese plazo venció en febrero de 2018, y no lo hicieron. En cambio, 15 meses después de recibida y seis meses después del plazo previsto por la ley, la remitieron al pleno que, de manera tramposa… ¡aprobó regresarla a la auditoría para lo que sería una tercera revisión! Revisión no contemplada por la ley y que tiene como único objetivo que esa cuenta pública con cargos por mil 282 millones de pesos sea lavada. ¿O tiene otro propósito recurrir ilegalmente a un acto ilegal?
¿Ignoran la ley los 12 diputados que integran la Comisión de Vigilancia? ¿Lo ignora quien la preside, el priísta Hugo René Ruiz Esparza? Considerando el monto de los cargos y el caso de que se trata, ¿ninguno de esa docena de diputados tuvo el interés de conocer qué dice la ley o, cuando menos, solicitarle la información a sus asesores? ¿Qué hacen entonces los siete diputados del PRI y los representantes del PRD, PAN y PVEM, uno cada uno, y los dos de MC?
De acuerdo con el mismo párrafo del artículo 85, como presidente del Congreso el diputado priísta Jorge Arana Arana –que además es integrante de la Comisión de Vigilancia– debió, era su obligación, dar cuenta al pleno para que esa cuenta pública de los tres primeros meses del gobierno de Jesús Pablo Lemus fuera aprobada en el sentido propuesto por la Auditoría Superior del Estado, o sea, con los cargos por mil 282 millones de pesos. ¿Por qué no lo hizo? ¿Ignora lo que establece la ley no obstante su experiencia como legislador? ¿O hay complicidad para que esta cuenta pública sea lavada a cambio de quién sabe qué acuerdos en beneficio de quién sabe quién?
Esta Cuenta Pública 2015 de Jesús Pablo Lemus no tiene salida: debe aprobarse como la envió la ASEJ con cargos por mil 282 millones de pesos porque así lo establece la ley. Nadie puede evadir su responsabilidad y cumplimiento, como lo veremos mañana.
ES TODO, nos leeremos ENTRE SEMANA.
JJ/I