Lemus 2015: ¿auditor comparsa?

Ante las evidencias que demuestran, por un lado, que la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado no celebró en tiempo y forma la sesión para dictaminar el informe final de la Cuenta Pública 2015 del alcalde Jesús Pablo Lemus Navarro y, por el otro, que el Acuerdo Legislativo con carácter de dictamen aprobado por el pleno legislativo para regresarla a la Auditoría Superior del Estado no corresponde en su contenido a dicho informe final, la pregunta que surge es: ¿el auditor Jorge Alejandro Ortiz Ramírez será cómplice y le hará el trabajo sucio a los diputados al lavarle la cuenta pública al munícipe zapopano?

Es cierto, el auditor Ortiz Ramírez no tiene facultades para señalarle o enmendarle la plana a los diputados por las irregularidades en que incurrieron durante el proceso que deben seguir para poder regresarle la cuenta pública de Lemus Navarro con cargos por mil 282 millones de pesos, pero sí será su decisión demostrar en los hechos que antepondrá su responsabilidad como titular de la ASEJ y no se prestará al juego de los diputados.

Y es que el documento en el que el Congreso del Estado presuntamente fundamenta regresarle la Cuenta Pública 2015 de Zapopan, correspondiente a los tres últimos meses de ese año que son los tres primeros de la administración de Lemus Navarro, no cumple con ninguno de los numerales que establece el artículo 89 de la Ley de Fiscalización, ni siquiera los que recurre como el II y el IX.

Pero no sólo eso, sino que el Acuerdo Legislativo con carácter de dictamen con el que supuestamente justifican que pueden regresar dicha cuenta pública no corresponde a las razones por las que se le aplicaron los mil 282 millones de pesos como cargo, pues supuestamente la documentación aportada por el sujeto auditado acreditó “la correcta aplicación del gasto observado” cuando las razones del crédito fiscal que contiene el informe final es en materia de ingresos.

O sea que, en los hechos, Jesús Pablo Lemus no aportó documentación que demostrara –como lo apunté ayer– que sí cobró a los desarrolladores inmobiliarios los mil 262 millones de pesos correspondientes a licencias y derechos, mientras que la Auditoría Superior confirmó en su informe final que NO los COBRÓ, y que es lo que se le requiere, además de poco más de 20 millones de pesos más por otros conceptos.

¿Qué papel jugará en este asunto el auditor superior Jorge Alejandro Ortiz Ramírez? La ley le otorga nueve meses de plazo para atender el Acuerdo Legislativo con carácter de dictamen que le envió el pleno, ¿dejará correr los nueve meses o bastará con que advierta y confirme que el documento elaborado por la Comisión de Vigilancia resolvió sobre un GASTO que no es motivo de los cargos por mil 262 millones de pesos, cuando el cargo es por razones de NO INGRESO?

Ortiz Ramírez llegó a la titularidad de la Auditoría Superior cobijado con un halo de ciudadano, aun cuando tiene como antecedente una militancia partidista y el cargo de diputado federal suplente por el PRD en la LX Legislatura (2006-2009) –léase Entre Semana del 15/01/2018, “¿Un auditor superior del PRD?”–, y hasta la fecha ha disfrutado de un clima mediático y social sin mayores contratiempos.

Pero hoy enfrenta su primera prueba de fuego, y las evidencias encontradas y demostradas en la actuación de la Comisión de Vigilancia y del pleno legislativo respecto a la Cuenta Pública 2015 de Jesús Pablo Lemus serán determinantes para conocer de qué lado está y si responde a intereses partidistas que lo llevaron al cargo.

El auditor superior Jorge Ortiz Ramírez no tiene más que dos caminos: se presta a ser comparsa de los diputados y se pudre haciéndoles el trabajo sucio de lavar esta cuenta pública o se va por el camino de la legalidad, los batea y se legitima.

ES TODO, nos leeremos ENTRE SEMANA.

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