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Crucificándose
Empiezan las campañas
Tienen razón quienes opinan que con la presencia mayoritaria de una fuerza política en las cámaras legislativas ha regresado la figura de la aplanadora, que se suponía desterrada desde 1997.
El éxito de una reforma estructural no se juzga por su promulgación, sino por la efectividad de su implementación. Sin embargo, no tienen razón cuando pretenden equipararla con la aplanadora que caracterizó al Congreso durante las décadas de dominación priísta. Hay una distancia abismal entre la hegemonía impuesta por el Priato mediante el voto corporativo y los fraudes electorales con esta aplanadora caracterizada por la legitimidad que le otorgan los 30 millones de votos obtenidos en los comicios del 1 de julio.
A quienes se lamentan de que esta situación vulnera el deseable contrapeso entre poderes habría que preguntarles si la experiencia de los congresos divididos arrojó resultados positivos o, por el contrario, la falta de hegemonía y la incapacidad de generar acuerdos entre las fuerzas partidarias derivó en una parálisis casi absoluta de la actividad parlamentaria.
El denominado Pacto por México, que se conformó al inicio del gobierno de Peña Nieto y mediante el cual el gobierno federal impulsó y aprobó un conjunto de reformas, a las que bautizó como “estructurales”, pareció en su momento que venía a superar el anquilosamiento del Congreso; sin embargo, la nula deliberación de las propuestas en el seno del Legislativo, la insuficiente información a los ciudadanos, el procesamiento de las reformas adquirió un carácter estrictamente cupular. El éxito de una reforma no reside en su promulgación, sino en la efectividad y la legitimidad de su implementación. Y es en este aspecto en el que reformas como la educativa y la energética han evidenciado problemas de fondo para su aplicación.
Por otra parte, en el imaginario popular la 64ª Legislatura hereda la pésima valoración que los ciudadanos hacen de sus representantes políticos. En efecto, tanto las cámaras legislativas en conjunto, como los diputados y senadores en particular, son las instituciones y actores que se encuentran en los niveles más bajos de aprobación y confianza entre los ciudadanos. De hecho, debido a la condición de privilegio derivado de altos salarios y canonjías de las que gozan son percibidos como parásitos sociales.
Finalmente, el principal desafío que enfrenta la naciente legislatura sería el de reivindicar al Congreso como el espacio fundamental para la deliberación política de los asuntos públicos. Hacerlo significaría, simplemente, asumir su condición de representantes de la ciudadanía conforme a lo establecido en un régimen democrático.
La cuestión no está en discutir si la deliberación política estará presente en las sesiones del Congreso. Es obvio que en ella reside el carácter democrático del mismo. La cuestión es saber si las bancadas legislativas están capacitadas para dicho ejercicio. Por lo que vimos el 1 de septiembre, no se advierte ni la mínima disposición en ese sentido.
Pero además no habría por qué esperar un comportamiento diferente. La deliberación parlamentaria es un ejercicio desconocido para los legisladores en México. Solamente basta con asomarse al Canal del Congreso y observar el desarrollo de sus plenarias. Las cámaras registran a un legislador leyendo su intervención en la tribuna ante la ostensible indiferencia de sus pares que o bien dormitan en sus curules o deambulan por los pasillos del edificio.
La explicación es de una simpleza que raya en el cinismo. Los acuerdos se toman en el interior de las comisiones y al pleno llegan previamente planchados. El performance retórico solamente es una puesta en escena para el escaso público que acude. Cero deliberación. Cero discusión. Lo que se respira es una tajante disciplina partidaria. Así ha sido desde siempre la dinámica. No se advierte que vaya a cambiar ahora.
Los legisladores no deben olvidar que la transformación del Congreso y sus prácticas legislativas fue el mandato popular que las urnas demandaron el 1 de julio.
Opinión de: @fracegon
JJ/I