Diputados: exhibidos por trampa

Con la creación –absurda e ilegal– de la Comisión Especial para el Desahogo de los Procesos de Selección de dos Magistrados del Supremo Tribunal y de un Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa los diputados cavaron su propia tumba y se encaminan al fracaso una vez más en el proceso de concretar el Sistema Anticorrupción del Estado, luego de que, además, un Juzgado de Distrito ya les anuló la designación de dos magistrados para integrar lo que será la Sala Superior del TJA.

En mi entrega de ayer –“Diputados: se pudren con el TJA”– referí que el Observatorio Permanente del Sistema Anticorrupción del Estado le advirtió al Congreso de la irregularidad en que incurrió al crear dicha comisión especial que asume las facultades que por ley tiene la Comisión de Justicia y que su propósito es “judicializar el proceso de designación y retrasar el nombramiento” del tercer magistrado de la Sala Superior.

Y luego pregunté: “¿Qué papel harán ahora en este caso los integrantes del Comité de Participación Social (que encabeza Jorge Alatorre)…? ¿El mismo que hicieron en la designación de los dos primeros (magistrados) y que dio motivo a que el Juzgado de Distrito se los echara abajo o evitarán seguirles el juego a los legisladores y se opondrán a coronar una flagrante irregularidad e ilegalidad negándose a evaluar perfiles y emitir su opinión técnica, en tanto no se regularice el proceso?”.

En su edición de ayer El Diario NTR Guadalajara, en la página 9A, publicó las declaraciones de Jorge Alatorre que daría respuesta a las dos preguntas anteriores y que coincide con la postura emitida por el Observatorio Permanente del SAE: la convocatoria para elegir magistrados es ilegal, pues viola el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo al desplazar a la Comisión de Justicia de una atribución que la ley le confiere.

Y al igual que el observatorio, Alatorre advirtió lo que los diputados mañosa y tramposamente creyeron que pasaría desapercibido. Dijo: “Abre (la ilegal convocatoria) flancos a que se impugne porque lo de la ilegalidad, me están diciendo, hay un debate ahí, que yo creo que la convocatoria tiene un problema (…)”. Y concluyó lo que todos sabemos: que al emitir una convocatoria para elegir a tres magistrados se abre la sospecha sobre el reparto de cuotas.

“El problema no es el tiempo (…). El problema es la junta de las convocatorias. Si tú estás poniendo tres convocatorias juntas, puede prestarse a la suposición de que hay un intercambio de magistrados (y), que están votándolo de una forma específica”.

Si el Observatorio Permanente y el Comité de Participación Social, ambos del Sistema Anticorrupción del Estado, denuncian que es ilegal e irregular la emisión de la convocatoria para elegir a tres magistrados por haberlo hecho una comisión especial que asumió atribuciones que sólo la ley le otorga a una comisión permanente del Poder Legislativo, ¿continuarán los diputados montados en su macho y sostendrán el viciado proceso para elegir a modo a tres magistrados? ¿Mantendrán su capricho de que pueden pasarse las leyes por el arco del triunfo sin el menor recato ni pudor y mucho menos el respeto que le merece su investidura y su compromiso de respetar y hacer respetar la ley?

El proceso desaseado que los diputados se empeñan en proseguir para satisfacer sus oscuros intereses de imponer a sus magistrados, debe ser cancelado y reponerlo bajo el marco de la ley, comenzando por respetar la resolución de un Juzgado de Distrito y emitir una sola convocatoria para elegir a los tres magistrados de la Sala Superior o, incluso, descartar la creación de esta instancia.

Los diputados de la 61ª Legislatura deben demostrar que tienen vergüenza –no se ría– y someterse al marco de la ley y no de la trampa.

ES TODO, nos leeremos ENTRE SEMANA.

JJ/I