Diputados: acuerdos mañosos

Ahora resulta que la culpable de que los diputados hayan violentado arbitrariamente la Ley Orgánica del Poder Legislativo al crear una comisión especial para elegir a tres nuevos magistrados fue ¡su ex compañera legisladora del PRD Mónica Almeida, hoy diputada federal en San Lázaro!

No es broma. Así lo establece el Acuerdo Legislativo que aprobó el pleno el 30 de agosto en su exposición de motivos donde además se apela mañosamente a lo establecido por los artículos 67, 69, 145 y 150 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que, como en su dictamen con el que tratan de lavar la Cuenta Pública 2015 de Zapopan, no lo justifica.

En el punto 3 de la exposición de motivos de la iniciativa de Acuerdo Legislativo que crea la Comisión Especial para el Desahogo de los Procesos de Selección de dos Magistrados del Supremo Tribunal y de un Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, se apunta:

“3. El Congreso del Estado tiene facultad para crear comisiones de carácter temporal que auxilien a las de carácter permanente, cuando la naturaleza, importancia o cantidad de los asuntos lo requieran, y su voluntad, así como sus determinaciones internas las manifieste a través del Acuerdo Legislativo de conformidad a los artículos 67, 69, 145 y 150 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que a la letra dice:

“Art. 67. 1. En cualquier tiempo el Congreso del Estado puede crear comisiones de carácter temporal que auxilien a las de carácter permanente, cuando la naturaleza, importancia o cantidad de los asuntos lo requieran”.

Posteriormente, en el punto 4 es en el que los legisladores responsabilizan a la ex diputada perredista de obligarlos a actuar como lo hicieron. Dice:

“4. Que no obstante de existir acuerdo político entre la mayoría de los integrantes de la Junta de Coordinación Política, en el sentido de que el Congreso, a través de la Comisión de Justicia, debería proceder de inmediato a proponer las convocatorias para la elección de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, sin embargo, cuando la presidenta de la Comisión de Justicia toma protesta como diputada federal –aunque ejerza el cargo a partir del 1 de septiembre de 2018– genera incertidumbre jurídica su proceder cuando al mismo tiempo ostenta el cargo de diputada local”.

Así de absurda es la argumentación de los diputados con el que pretenden cubrir su aberrante decisión de crear una comisión especial que los dos organismos civiles del Sistema Anticorrupción del Estado, el Observatorio Permanente y el Comité de Participación Social, ya reprobaron y calificaron de ilegal, exigiendo que se dé marcha atrás y que los legisladores actúen en el marco de la ley.

Y es que, ¿en qué carambas parte del punto 4 se cumple con lo que establece el artículo 67 referido líneas arriba y que es con el que pretenden justificar su ilegalidad? El que la entonces presidente de la Comisión de Justicia, Mónica Almeida, haya rendido protesta como diputada federal, sin asumir el cargo y continuara como diputada local, no cumple con “la naturaleza, importancia o cantidad de asuntos” que exige el artículo aludido para crear esa comisión especial.

Si la posición de Mónica Almeida les generaba “incertidumbre jurídica”, ¿por qué no esperar los días que faltaban para que solicitara licencia y hubiese nuevo presidente de la Comisión de Justicia que les diera la certidumbre que necesitaban y pudieran dormir tranquilos sin sobresalto alguno? ¿De veras creen los legisladores que la ciudadanía no se enteraría de sus chapuzas, trampas y tropelías para seguir satisfaciendo sus intereses personales, de grupo o partidistas, ya sea lavando cuentas o colocando magistrados a modo antes de irse? Por lo pronto, ya están evidenciados.

ES TODO, nos leeremos ENTRE SEMANA.

JJ/I