La corrupción pone en riesgo las inversiones

CASTIGO. Los delitos pueden ir desde sobornos, tráfico de influencias, información falsa, uso indebido de recursos públicos, entre muchos otros, por lo que debe haber coordinación entre gobierno y sociedad para que se sancionen. (Foto: Especial)

El presidente de la Unión Social de Empresarios de México (USEM), Sergio Huacuja Betancourt, enfatizó en que la corrupción puede poner en riesgo las inversiones que lleguen al país.

“Nos pueden considerar como un país riesgoso, por lo tanto el costo de la inversión extranjera es mayor”, dijo el líder del USEM.

Huacuja Betancourt dijo que de acuerdo a Transparencia Internacional, en el ranking de países de menos a más corruptos, en 2015 México ocupaba el lugar 98 de un total de 180 países, en 2016 pasó al lugar 123, y para 2017 se encontraba ya en el 135.

“El índice de percepción de la corrupción cada día ha sido más grave, particularmente en esta administración pública federal los índices se agravaron en forma alarmante”.

El abogado informó que la corrupción es una epidemia que frena el desarrollo económico del país, donde se registran cada año alrededor de 200 millones de pequeños actos de corrupción que cuestan en promedio 165 pesos por evento.

Dijo que no hay reglas que sancionen los delitos de corrupción y pueden ir desde sobornos, tráfico de influencias, información falsa, colusión, uso indebido de recursos públicos, entre muchos otros, por lo que debe haber coordinación entre gobierno y sociedad para que se sancionen, que puedan ir de multas o inhabilitaciones hasta la cárcel, aunque lo realmente importante es la prevención.

Agregó que el tema de seguridad no solamente incluye la física, sino la jurídica que buscan las empresas.

“Un país corrupto no es un país atractivo para la inversión, si en algo tenemos que trabajar en México es en cambiar esa tendencia”, enfatizó el empresario, quien dictó la conferencia El Sistema Nacional Anticorrupción y Transparencia en México, junto con el académico Alfonso Hernández Valdez, como parte de las actividades de la cátedra Konrad Adenauer del Iteso.

Indicó que acabar con la corrupción no es magia y en el caso de los sistemas estatales anticorrupción van avanzando.

“Ya están hechas las reformas legales y lo que falta es instrumentarlas, los ritmos que van marcando las entidades federativas son desfasadas, no funcionan al mismo tiempo y bajo las mismas condiciones, por eso es la importancia de tener leyes generales que lo que van a hacer es permitirnos que haya fuerza sinérgica, que con los mismos principios y objetivos, cada quien vaya haciendo su propia labor en su entidad federativa. Lo que se haga a nivel federal debe ser un retrato fiel de lo que se haga en los estados”.

El presidente de la Usem dijo que el sector privado está dispuesto a invertir para que se combata la corrupción y la ciudadanía debe participar para evitar que se sigan dando actos lacerantes.

Para combatir la corrupción en el país hace falta un cambio de actitud en cada ciudadano porque incluso cuando exista el mejor sistema anticorrupción, si no se da una actitud diferente, las cosas no cambiarán.

Por su parte, el académico Alfonso Hernández orientó su intervención para hablar del avance a escala estatal de la creación de los sistemas locales de combate a la corrupción. Ahí dijo que la palabra clave para que la lucha anticorrupción funcione es la coordinación, ya que ésta permitirá prevenir, investigar y sancionar los hechos de corrupción de manera más adecuada.

Apoyándose en un par de tablas, el académico expuso que, al pasado 7 de septiembre, sólo 18 estados de la república habían cumplido ya con la instalación de la estructura operativa necesaria para echar a andar sus sistemas locales de combate a la corrupción.

Después de la conferencia, la USEM y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción firmaron un convenio de colaboración.

PARTICIPACIÓN. El presidente de la Usem dijo que el sector privado está dispuesto a invertir para que se combata el problema.
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Los retos

  • La creación de una política pública anticorrupción
  • La Plataforma Digital Nacional, vinculada con las plataformas estatales
  • El cumplimiento de la declaración patrimonial y de intereses de parte de todos los funcionarios públicos
  • Terminar de consolidar los sistemas locales anticorrupción
  • La creación del servicio profesional de carrera, lo que propiciará un servicio público más eficiente, robusto y menos proclive a la ilegalidad
  • Hacer los nombramientos pendientes, como el fiscal federal anticorrupción y los magistrados

JJ/I