Quinto Patio

El 1 de noviembre de 2013 se publicó en el periódico oficial el decreto del Congreso local que dio vida a la Ley de Libre Convivencia del Estado de Jalisco, que entró en vigor el 1 de enero de 2014. Recordemos que se aprobó precedida de un amplio debate en pro y en contra, y hasta con ánimos encendidos. Pues bien, ayer el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dio marcha atrás luego de las acciones de inconstitucionalidad que promovieron la Procuraduría General de la República y diputados de la 60ª Legislatura local.

Nomás para recordar, anotemos que dicha ley señala en su artículo tercero que la libre convivencia es un contrato civil que se constituye cuando dos o más personas físicas, mayores de edad, con capacidad de goce y ejercicio, se asocian con el objeto de darse mutua ayuda. La SCJN consideró que hubo graves violaciones al procedimiento legislativo. Sin embargo, el autor de la iniciativa en la 60ª Legislatura y ahora diputado local electo, o sea, Enrique Velázquez, ya anunció que la presentará de nuevo y se subsanará el procedimiento. O sea, va de nuez.

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Sin ser ingenieros civiles, los diputados locales saben cómo hacer puentes. Aunque el Grito de Independencia cayó en fin de semana, en sesión plenaria y casi al último aprobaron declarar hoy día inhábil para que nadie vaya a trabajar. La razón verdadera fue que el estacionamiento subterráneo en Plaza Liberación lo cerraban a las doce del día, entonces ¿cómo pueden trabajar así?

Así de fácil se hizo un puente laboral. Cuando lo aprobaron se oyó un grito de júbilo en el recinto. ¡Eso es vocación de servicio!

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Según Carlos Lomelí, cuasi delegado federal en Jalisco, ya no hay pleito con el gobernador electo Enrique Alfaro y toda la mala vibra quedó en el pasado. Peeeeero en Twitter Alfaro se burló del anuncio que en una entrevista hizo “cierto personaje” (Lomelí) de que se construirá un aeropuerto en Tala.

De paso, Alfaro siguió con su inveterada costumbre de tirar línea editorial a las empresas informativas al señalar, sin decir el nombre de Lomelí, que “lo peor es que hay medios que siguen dándole espacios para decir barbaridades”. El pleito no ha parado.

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Continúa la polémica por la reforma a uno de los artículos del reglamento de Policía y Buen Gobierno en Guadalajara. Además del desplegado que publicaron el lunes varias agrupaciones conservadoras, ayer la regidora del PRI Ángeles Arredondo informó que promovió un amparo a fin de darles revés. También el Frente Nacional por la Familia se fue a tribunales por el mismo asunto. Mientras, el gobierno municipal insiste que los ajustes son en aras de garantizar los derechos humanos y confían en ganar la batalla legal. Los tribunales dirán la última palabra.

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En San Luis Potosí se construye la presa de almacenamiento La Maroma y las obras que integran ese proyecto se localizan en los municipios de Real de Catorce, Villa de Guadalupe y Matehuala. Se prevé que La Maroma proporcione agua a Jalisco, Durango y San Luis Potosí. Pues bien, Margarito Díaz González, el dirigente wixárika asesinado este sábado en Nayarit, era un defensor del medio ambiente y de los sitios sagrados del pueblo huichol, por lo que se oponía a la presa al considerar que dañaría Wirikuta, su lugar sagrado. Sin embargo, las autoridades convencieron a los wixaritari y la obra sigue.

Pues bien, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) deploró esta semana el crimen y solicitó al gobierno estatal vecino que implemente medidas cautelares para proteger a la familia de Díaz González, y pide que una de las líneas de investigación sea su oposición a la presa y a los daños que consideraba tendrían sus pueblos sagrados. Recordemos que los huicholes han resentido asesinatos de dirigentes, entre ellos, en Jalisco. Por cierto, ¿en qué van las investigaciones de los dos hermanos indígenas victimados en Bolaños en mayo del año pasado?

qp@ntrguadalajara.com

JJ/I