Visiones distintas sobre la inseguridad

Cuando las autoridades hablan de estrategias para prevenir la inseguridad, uno de los primeros puntos que se plantean es ofrecer oportunidades de trabajo y educación a los jóvenes, especialmente a los que forman parte de sectores con menores ingresos. Con esto, debemos entender que los más pobres son los que causan la violencia y quienes delinquen.

Ante el aumento de homicidios y violencia en la Zona Metropolitana de Guadalajara, las autoridades, entre quienes debemos incluir al gobernador Aristóteles Sandoval Díaz; al secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, y el fiscal general, Raúl Sánchez Jiménez, sostienen que hay un enfrentamiento entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y un grupo que se separó del mismo.

Estas conclusiones no son compartidas por la gente que, en la encuesta que presentó esta semana el observatorio ciudadano Jalisco Cómo Vamos, devolvió la cortesía a la clase política y la culpó de la violencia. La causa, respondió una tercera parte de los encuestados, es la corrupción de las autoridades.

Muy lejos, alrededor de 20 puntos porcentuales abajo, aparecen otras causas como la disputa de territorios para la venta de drogas y el aumento de bandas del crimen organizado.

No es tan complicado deducir qué es lo que influye para que los ciudadanos tengan esa percepción. La impunidad, la corrupción y la falta de justicia se han vuelto parte de la vida cotidiana de los jaliscienses. Denunciar un delito es sólo un trámite que muchas veces sólo acentúa el mal momento en que se es víctima.

De hecho, entre las respuestas de quienes participaron en la encuesta también aparece la impunidad y la escasa capacitación de los cuerpos policíacos.

La encuesta se realizó con la intención de conocer lo que piensan los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara de la decisión que tomaron las autoridades, después del asesinato de seis policías municipales, de poner en marcha volantas.

A pregunta expresa, la mayoría dijo estar a favor, casi 54 por ciento. Sin embargo, cuando se preguntó qué debían hacer las autoridades, las volantas o retenes apenas fueron mencionadas por poco más de 3 por ciento.

Respaldar medidas que violan las garantías de los ciudadanos, ante la crisis de violencia que enfrenta la ciudad, puede también dejar al descubierto la desesperación por ver actuar a las corporaciones de seguridad. Los primeros resultados, con alrededor de 40 detenciones, han servido para justificar esta acción. Pero el tema de fondo, la violencia y la inseguridad, no ha disminuido.

El cierre de administraciones municipales y estatal, como cualquier transición, parece el espacio ideal para los delincuentes.

Además, hasta el momento no ha habido precisión sobre los cambios que hará el próximo gobierno en la estrategia de seguridad. Incluso, no se ha aclarado si finalmente se separará a la Policía Estatal de la procuración de justicia.

En la mesa de trabajo que se instaló para este tema, del equipo del gobernador electo Enrique Alfaro, la conducción la lleva Macedonio Tamez, quien se asegura será el próximo fiscal general.

Tamez Guajardo, quien fue diputado federal, ha tenido una carrera política relacionada con la seguridad, tanto en el ámbito estatal como federal. La tarea que le correspondería no será fácil, pues los cambios que se requieren deben ser radicales. La coordinación, el uso de inteligencia para seguridad y no para el golpeteo político, la mejora en las condiciones laborales de los policías, la capacitación y el equipamiento, son parte de una larga lista de necesidades a atender.

La indicación de Alfaro Ramírez a las mesas de trabajo de la transición ha sido que todos los programas y políticas de todas las áreas deben ser con “perspectiva de seguridad”.

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