No es la disposición, sino la verdad y la justicia

La discusión en torno a los contenedores en los que las autoridades estatales almacenaron más de 300 cadáveres se ha desviado peligrosamente hacia un solo punto: su correcta disposición. Esto no puede permitirse. Lo que falta por resolver es quiénes son y que sus muertes, al margen de las condiciones en que se dieron, no queden impunes.

Esto no excluye la necesidad de que se tomen medidas. Es decir, se vuelve indispensable que quienes actuaron de manera indolente y no cumplieron con su responsabilidad sean separados de sus cargos y se comiencen los procedimientos que marca la ley.

También lo es que se resuelva de inmediato adónde serán llevados los cuerpos para su correcta disposición. Pero no para guardarlos y olvidarnos del tema. Es importante porque un almacenamiento adecuado debe ser aquel que permita que ahora sí las autoridades hagan su trabajo y se investiguen las muertes. Lo que está de por medio es el derecho a la verdad y a la justicia. Y además, que puedan ser entregados a sus familias.

Los espacios para conservar los cuerpos de personas, en su mayoría asesinadas, no se vieron rebasados de un día para otro. El problema no comenzó cuando los ciudadanos nos enteramos de que un tráiler circulaba por la ciudad lleno de cadáveres. Esta realidad existe hace varios años y el tráiler es sólo la acumulación de la ineficiencia del sistema de justicia en todas sus etapas.

Escudados en las limitaciones que les impone el nuevo sistema de justicia penal, las autoridades han permitido que los delitos no nada más no sean sancionados, sino que ni siquiera sean investigados.

Desde hace varios años hemos sido testigos de cómo la violencia fue aumentando en Jalisco y los homicidios ubicaron al estado en los primeros lugares a escala nacional en la comisión de este delito. Como respuesta, lo único que hemos escuchado de nuestros gobernantes es la disputa entre grupos del crimen organizado o la ineficiencia de otro de los participantes en la cadena de seguridad y justicia.

La decisión de los gobiernos municipales de Movimiento Ciudadano, de retirar a los policías de la Fuerza Única Metropolitana, fue el pretexto perfecto para que las autoridades estatales se deslindaran del aumento de la violencia en la Zona Conurbada de Guadalajara. Por su parte, los municipios señalaban a la Fiscalía General de liberar a los delincuentes que ellos capturaban, con el argumento del nuevo sistema de justicia penal.

Al mismo tiempo, las disputas políticas por el reparto de jueces y magistrados han terminado por integrar a un Poder Judicial al que muchos políticos, los mismos que cada que pueden le meten mano para designar a sus amigos, cuestionen por los casos de ineficiencia y corrupción.

Más obligadas por los escándalos en torno a la violencia y la inseguridad que por voluntad propia, las autoridades aceptaron sentarse en la misma mesa para definir una estrategia. De ahí salió el primer acuerdo para mejorar las condiciones laborales de los policías municipales que luego, también por razones políticas, no se concretó.

Vino otra vez la separación de acciones y nuevamente la inseguridad los volvió a sentar, por lo que cada semana ayuntamientos metropolitanos y gobierno del estado revisan la situación de violencia y delitos. El último producto de este diálogo fueron las llamadas volantas, que tampoco han resuelto el problema. Sin contar que en esa mesa no están la mayoría de los municipios de Jalisco, los que no pertenecen a la zona metropolitana y que también están ahogados en la inseguridad.

Este modelo de actuación de corto plazo no debe mantenerse y mucho menos ser la consecuencia del reciente escándalo de los cuerpos almacenados en un tráiler. Tenemos que saber quiénes son y sus muertes deben ser investigadas y sancionadas, aunque sea un trabajo de largo aliento.

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JJ/I