Quinto Patio

En los procedimientos oficiales para el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) ni siquiera se menciona la conservación de cadáveres. Ni refrigeración ni congelación. Si acaso el manual respectivo enuncia como una de las facultades del perito médico la inhumación. Se trata de un documento validado este año por el gobierno del estado y firmado por el mismo mandatario Aristóteles Sandoval, pero ¿acaso lo habrán hecho pensando que sería bonito contar con un manual con muchos procedimientos y de todas maneras seguir haciendo lo mismo de echar más y más cadáveres al refri?

La cosa es que se les acumularon tantos cuerpos que parece inverosímil creerles que no sabían de la crisis de cadáveres. Si la memoria les falla, podrán encontrar alguna declaración sobre el tema del secretario general de Gobierno, Roberto El Chino López, a medios de comunicación en junio. O si no quieren palabras, sino documento por escrito, con firmas y demás, ahí está el acta de la sesión del 31 de mayo de la Junta de Gobierno del IJCF, que preside El Chino López, donde clarito dice que ya no cabían los muertos y que la insalubridad estaba a tope. Tenían la información por lo menos desde hace más de tres meses. En esa sesión la conocieron, la discutieron y acordaron hasta un estudio de riesgo. Que no nos digan, que no nos cuenten. De que las autoridades sabían esa grave violación de derechos humanos, ¡claro que sabían!

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En más del multitraído y puesto en la lona IJCF, tras el anuncio de su reestructuración, lo que sea que eso signifique para el gobierno del estado, también se informó sobre el retorno de una agencia del Ministerio Público a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), las cuales, dado lo acontecido en los tráileres que deambularon, nunca debieron desaparecer. Y no es porque los ministerios públicos no cometan errores, sino porque antes de la entrada del nuevo sistema de justicia penal estos fiscales adscritos al Semefo tenían una experticia en el manejo y entrega de cadáveres que muy difícilmente hubieran permitido que un tráiler con casi 300 cuerpos anduviera paseando por la ciudad.

Lo malo de esta decisión es que sólo será una agencia, compuesta por un ministerio público, un secretario y si bien les va un actuario, y es mala porque cuando existían tres agencias antes de 2016, el personal no se daba abasto entre tantos decesos en hechos violentos. Una agencia de nuevo será insuficiente para dar atención adecuada a los familiares de las víctimas.

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Ante la ¿omisión? O ¿complacencia?, de las autoridades municipales de Villa Guerrero, en el norte de Jalisco, grupos de ganaderos, madereros y antiguos cacicazgos mantienen un control de facto que ha derivado en situaciones como el despojo territorial sufrido por comuneros tepehuanos y wixaritari de San Lorenzo Azqueltán.

La privación ilegal de la libertad durante 48 horas de dos integrantes de la comunidad ocurrida en abril y el desconocimiento del paradero hasta la fecha de un tercer avecindado revelan que la desaparición de personas también es una táctica utilizada para generar temor e incrementar los bienes de grupos con poder. En este contexto de violencia generalizada, casi imparable, la ineficiencia de las autoridades permite tal desvaloración de la vida humana.

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Iren (del verbo tapatío irar: yo iro, tú iras, él ira…; deformación tapatía del verbo mirar), les contamos que el gobernador Aristóteles Sandoval le pasó la decisión de repartir las notarías públicas vacantes al gobernador electo Enrique Alfaro. El examen para los aspirantes estaba previsto realizarse el jueves 27 de septiembre, pero el acuerdo lo modificó hasta el 18 de enero de 2019, según apareció ayer en el periódico oficial de la entidad. Hay 29 a-pe-te-ci-bles notarías vacantes, nueve de ellas en Guadalajara. Hay para repartir.

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JJ/I