Quinto Patio

Tras descubrirse hace una semana el descuido, amontonamiento y traslado de cientos de cuerpos en dos tráileres con cámaras de refrigerador, lo que derivó en el cese de dos altos funcionarios del gobierno estatal, este viernes llegaron de por lo menos diez entidades unas 150 personas que protestaron frente al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). Se trata de colectivos y familias que buscan a sus desaparecidos y que continúan sin encontrar respuestas en ningún lado.

Al mismo tiempo que en el IJCF las familias con desaparecidos demandaban información, en la Ciudad de México otro grupo se manifestó frente a las oficinas de la representación de Jalisco. Ahí exigieron que las atendiera el responsable de vacacionar, que diga, de representar a la entidad, Alberto Lamas. Como les argumentaron que el funcionario no estaba ni podía acudir, y que volvieran para el martes, las familias se irritaron; tanto, que finalmente una comisión fue recibida.  Solo así, con presión, las atendieron. ¡Vaya representación de Jalisco!

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Lo terrible es que mientras el gobierno estatal aún no resuelve el grave problema de cientos de muertos que rebasaron la capacidad del IJCF, la violencia continúa y los grupos delictivos suman más cadáveres, más autopsias y se apilan las investigaciones: por un lado, se trata de cadáveres que no cesan de llegar al instituto, producto de los enfrentamientos y ejecuciones que de manera cotidiana se registran en Jalisco; por el otro lado, añadamos que prosigue el descubrimiento de más y más fosas clandestinas, con cuerpos y restos qué identificar, como sucedió esta semana con otras inhumaciones ilegales en la colonia Colonias del Roble, en Tlajomulco. La violencia ocasiona más y más muertes, y las autoridades están rebasadas.

Agreguemos que ayer sesionó por primera vez la Comisión para el Acompañamiento y Observación del Proceso de Identificación que Permita la Inhumación de Personas Fallecidas no Reclamadas, la cual encabeza la procuradora social, Consuelo González Jiménez. En la sesión participaron, entre otros, los titulares de Fiscalía General, de Derechos Humanos, de Desaparecidos, del IJCF, de la Secretaría de Salud, la Comisión de Búsqueda, el Registro Civil del Estado y colectivos de familias con desaparecidos. Por lo menos ya inhumaron los primeros 19 cuerpos en el panteón Guadalajara.

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El laudo a favor del extitular de Recursos Humanos del Congreso del Estado, el panista José Antonio de la Torre, por 648 mil 533 pesos, deberían cobrárselo a Ismael del Toro. El ahora alcalde tapatío electo, cuando era titular de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la fracción mayoritaria que representaba Movimiento Ciudadano, decidió despedir al blanquiazul y al director de Servicios Generales, cuando también cesaron como presidente de la mesa directiva a Miguel Ángel Monraz.

Así que el pago debería salir de su bolsa por andar despidiendo gente por revanchas partidistas. Ojalá ya aplicara la reforma que establece que quien despide pague el laudo que provocó. Aunque, miren, lo más probable es que la responsabilidad se diluya entre todos los partidos. Por lo pronto Pepe Toño tiene asegurado tres años su futuro: es regidor electo y pronto entrará en acción en Zapopan.

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A un mes y cachito de que dejen la curul, los diputados de la Legislatura 61 heredarán dos grandes pendientes a sus sucedáneos: uno, ¿cómo elegir al fiscal general?, en lo cual no pudieron ponerse de acuerdo y tampoco tuvieron mucha prisa, y dos, emprender la reforma judicial. Como no hay consensos, pasaron la bolita a los que siguen.

Lo gacho es que no se pusieron de acuerdo sobre cómo nombrar al fiscal general, justo cuando Jalisco enfrenta una crisis de inseguridad pública de tal magnitud que basta mencionar como los homicidios van a la alza, no se diga los feminicidios. Argumentos les sobran a los legisladores para justificar su falta de acuerdos y que se posponga más meses la decisión, al fin y al cabo los perjudicados son los ciudadanos.

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da/i