Ayotzinapa, 4 años; Jalisco, cadáveres

La historia de la impunidad en México va aparejada con la historia de los gobiernos federales surgidos del PRI y del PAN. La administración de Enrique Peña Nieto va en esa línea: a pesar de los discursos, leyes aprobadas, reformas impulsadas, comisiones hechas, investigaciones realizadas, se cobijó a orquestadores y cómplices de graves delitos. Mañana tendremos otro ejemplo que ha sacudido las entrañas del país, al cumplirse cuatro años de la desaparición ocurrida en Iguala, Guerrero, entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, de 43 jóvenes de la Normal de Ayotzinapa que estudiaban para ser profesores.

La “verdad histórica” alentada por el gobierno federal y retomada por Peña Nieto en su último Informe de Gobierno ha sido otra vez desmentida por dos grupos de expertos internacionales. Por un lado, el reconocido Equipo Argentino de Antropología Forense, con 34 años de acompañar a familias víctimas de desapariciones en el mundo, señaló que en 18 meses de recolección y examen multidisciplinario de la evidencia física proveniente del basurero de Cocula, no se encontraron elementos científicos objetivos que sustenten la supuesta incineración de 43 cuerpos en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en ese lugar.

A su vez, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), compuesto por abogados, médicos, académicos y litigantes con experiencia en el ámbito de la justicia y derechos humanos en distintos países, entregó en 2016 un informe que, destacó, es una contribución en la lucha contra la impunidad y también desmiente la versión oficial. La ex fiscal colombiana Ángela María Buitrago, quien formó parte del GIEI, desmintió a Peña Nieto, pues en su informe el presidente “dice algo que desde el punto de vista de la investigación y las pruebas, no ocurrió” y sus afirmaciones “son, por lo menos, apresuradas y contradictorias”.

Pareciera que desde el Poder Judicial federal se empieza a inclinar a que haya justicia en Ayotzinapa. Es una buena señal que el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Tamaulipas, confirmara por unanimidad que las autoridades deben cumplir la sentencia que ordenó reponer la investigación del caso Iguala y generar una comisión investigadora extraordinaria, al no existir la supuesta imposibilidad que alegó la PGR ni invadirse facultades del Ministerio Público. Son tantas las irregularidades que el tribunal halló de las investigaciones que ordenó reponer las indagaciones y crear una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, con controles de la representación de las familias, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la asistencia de organismos internacionales.

En ese contexto, a días del cuarto aniversario de 43 jóvenes desaparecidos en Guerrero, en Jalisco le reventó al gobierno estatal el caso de los cientos de cadáveres arrojados en los dos tráileres con cajas de refrigeración, luego de que uno trasladó los restos por tres municipios y llamó la atención. Sin respeto a los cuerpos, sin darles un digno espacio, sin identificarlos bien a bien, con pésimo manejo de la información sobre cada uno, sin condolerles que entre los fallecidos podrían estar personas desaparecidas y que son buscadas con dolor, frustración, penalidades, por sus familias.

Lo que ocurrió superó la ficción. Es una historia de terror e irresponsabilidad. Las culpas se las repartieron hasta ahora sólo al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y a la Fiscalía General del Estado. ¿Dónde quedó la responsabilidad de la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, entre otros integrantes que forman parte de la Junta de Gobierno del instituto y conocían el desastre con que manejaban los cuerpos?

Lo sucedido es una crisis humanitaria, un ejemplo más de cómo la administración estatal de Aristóteles Sandoval fue un fracaso en materia de seguridad pública, que derivó en el irrespeto a los derechos humanos. En ese ámbito la ausencia de gobierno fue notoria en Jalisco. Faltó autoridad. La que existe no supo qué hacer, y lo que hizo no funcionó.

sergiorene.dedios@gmail.com

JJ/I