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Crucificándose
Empiezan las campañas
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió cuatro recomendaciones: por tortura; abusos a internos en una cárcel municipal; dilación e incumplimiento en la función pública y privación a la vida.
Las recomendaciones fueron dirigidas a la Fiscalía General del Estado, Fiscalía de Reinserción Social y una al Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos, informó la defensoría en un comunicado.
Privación de la vida
El 22 de diciembre de 2017, un empleado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue asesinado por elementos de la Comisaría General de Seguridad Pública de Ixtlahuacán de los Membrillos.
Según declaraciones de uno de sus compañeros de trabajo y otra persona que le auxiliaba, el empleado salió con los uniformados a tomar bebidas alcohólicas, pero éste no regresó.
La autoridad a la que se dirige la recomendación 33/2018 es al presidente municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos por la violación de los derechos humanos a la vida, a la libertad, a la legalidad y seguridad jurídica.
La autoridad municipal aceptó, de manera parcial, dar atención médica y psicológica, así como una disculpa por escrito a los familiares de la víctima.
La recomendación solicita fortalecer el servicio de seguridad pública con la gestión de recursos que permitan contratar personal suficiente y adquirir equipo adecuado, además de otorgar la capacitación óptima y mejorar las condiciones laborales de policías.
Por último, instruirá para que se dé capacitación sobre el debido manejo de los protocolos de actuación durante el desempeño de sus funciones al personal que integra el área de seguridad pública.
El ayuntamiento no aceptó el punto primero, que corresponde a la compensación económica, por lo que se le pidió una reconsideración.
Tortura
La recomendación 29/2018 está dirigida al fiscal general del Estado por la detención arbitraria de una persona el 17 de noviembre de 2016, por parte de policías investigadores, quienes realizaron actos de tortura.
La CEDHJ pide a la Fiscalía General del Estado que realice la reparación del daño, elabore un procedimiento de responsabilidad administrativa contra los servidores públicos involucrados, así como agregar copia a sus expedientes.
También solicita concluir la carpeta de investigación por los delitos de tortura y abuso de autoridad e instruir al encargado del Ministerio Público para que entregue la carpeta de investigación al procedimiento penal que se sigue ante el juez quinto de Control y Oralidad del Distrito I de Jalisco.
Los puntos fueron aceptados por parte de la Fiscalía General del Estado, se informó.
A manera de petición, se le solicitó a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas se haga el registro del afectado en calidad de víctima, punto que ya fue aceptado.
Acceso a la justicia
El 13 de junio de 2016 una mujer presentó queja luego de que su esposo falleciera atropellado por una motocicleta que conducía un adolescente.
El caso fue turnado de manera oportuna a la Unidad de Investigación de Homicidios Dolosos y, posteriormente, a la Agencia de la Unidad de Investigación, Litigación y Seguimiento de la Fiscalía Central del Estado.
Pasaron 21 meses y no se realizó la integración del caso, ni la imputación en contra del probable responsable del accidente, lo que ocasionó que ante el deficiente actuar de los fiscales, la agraviada no tuviera acceso a la justicia y a la reparación integral del daño a que tenía derecho como secuela de la muerte de su esposo.
La recomendación fue dirigida al fiscal general del estado por la violación de los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, por dilación e incumplimiento en la función pública en la procuración de justicia y a los derechos de acceso a la justicia y a la reparación integral, y ya fue aceptada.
Abusos en reclusorio
Se inició la recomendación 31/2018 con motivo de la inconformidad presentada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que se argumentó que debido a la matanza que hubo en el Reclusorio de Ciudad Guzmán, se estaba abusando de los demás internos.
Los conceptos de violación son: derechos a la vida, a la integridad y seguridad personal por la obligación de garantía, y a la legalidad y seguridad jurídica; y fue dirigida al fiscal de Reinserción Social del Estado, y ya fue aceptada en su totalidad.
En ella se le pide que se implementen medidas de compensación, de satisfacción y reparación integral del daño, así como se inicie procedimientos administrativos para dar con los responsables.
JL