Convocatorias a modo

En un texto titulado Por qué la ciudadanía debería exigir que los gobiernos concursen los puestos en el sector público, publicado en un blog del Banco Interamericano de Desarrollo, los investigadores Virginia Oliveros y Christian Schuster plantean que en países en desarrollo, como México, después de las elecciones, los nuevos gobernantes despiden o remueven de su puesto a los empleados públicos que fueron contratados por la administración anterior a fin de poner en su lugar a empleados más afines al nuevo gobierno. Y, comentan, esta práctica es tan común que la ciudadanía la ve como algo normal, por lo que no se cuestiona si así debería ser.

Sin embargo, salvo en el caso de los puestos de más alto nivel, en los que se toman las decisiones, y por lo tanto es necesario que exista un equipo muy cohesionado, y con un proyecto común, el resto de los puestos públicos no deberían asignarse con criterios partidistas, sino en función de la capacidad y los méritos de quienes aspiran al puesto.

Y al contrario de lo que se podría pensar, Oliveros y Schuster encontraron que los servidores públicos que se ganaron su puesto en un concurso público de oposición “se encuentran más motivados para trabajar, son más transparentes en el manejo de los fondos públicos y menos propensos a participar de los esfuerzos electorales del gobierno de turno que los empleados designados por nombramiento (discrecional)”.

En otras palabras, los hallazgos de los mencionados investigadores nos permiten asumir que, si queremos tener un sector público menos corrupto, menos partidizado y más motivado para trabajar, es decir, uno que se guíe por el principio de imparcialidad, al que me referí en este mismo espacio hace algunos meses, es necesario que la designación para los puestos públicos se dé a través de concursos de oposición, diseñados también de manera que sus resultados sean imparciales.

Lo interesante es que las reformas legales e institucionales requeridas para que los puestos públicos se sometan a concurso son relativamente sencillas, por lo que, si en nuestro país o en nuestro estado no se aplican, es porque a nuestras autoridades y tal vez a un grupo importante de ciudadanos les conviene más que nuestros funcionarios trabajen sólo para contentar a su jefe, y apoyar a su partido, aunque eso a la larga implique propiciar la corrupción.

Ahora bien, es claro que situaciones como la que describí arriba sólo pueden mantenerse mientras la población las tolere. Pero, una vez que hay un cambio de postura al respecto, los funcionarios y los tomadores de decisiones en el gobierno tienen que cambiar su manera de actuar o perder las elecciones, como acaba de ocurrirle al PRI, que se encuentra en su peor situación en toda su historia, muy probablemente porque, entre otras cosas, se dedicó a asignar los puestos públicos en función de su propio interés sin fijarse si las demandas de la población estaban siendo atendidas de manera adecuada.

Lo extraño del caso es que los diputados locales de Jalisco, y sus líderes partidistas, parecen no querer entender el mensaje de la población, y ahora que deben designar a varios magistrados, en vez de hacerlo a través de un procedimiento público y objetivo, que le dé iguales oportunidades a todas las personas que aspiran a esos puestos, hicieron una convocatoria a modo, que pudiera ser ilegal, sólo para cubrir las apariencias, porque al parecer ya decidieron a quiénes encargarles sus intereses.

Y esto se nota, principalmente, en la falta de interés que manifestaron los diputados en las comparecencias de los aspirantes. No se puede entender de otro modo. Pero, si a usted le interesa que se designe a personas dignas en puestos tan importantes, pues uno de ellos es el de la magistratura anticorrupción, puede exigirle a Salvador Caro y Hugo Contreras, y a sus respectivos jefes políticos, que designen con imparcialidad y no con base en cuotas y cuates.

Opinión de:

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@albayardo

JJ/I