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Traje a la medida

De pie, frente al pleno del Senado, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, describió cómo andamos en seguridad: los problemas en la materia siguen siendo enormes, los niveles alcanzados en algunas regiones del país exigen reforzar las acciones, uno de cada cuatro municipios no tiene capacidad de cumplir con su obligación de garantizar seguridad a su población.

Lo que dijo el secretario lo simplificó el senador Cristóbal Arias Solís cuando le cuestionó: “¿En qué momento se jodió México en la política de seguridad?”.

Navarrete Prida defendió los esfuerzos de la administración de Enrique Peña y sostuvo que ha sido sensible al reclamo social de parar la violencia en México y ha destinado 82 mil millones de pesos para la capacitación, la modernización y la dignificación de la labor policial.

Lo cierto es que las cifras del Sistema Nacional de Seguridad dicen que no se ha logrado disminuir ni contener la inseguridad y la violencia en el país.

Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato pasarán a la historia como casos icónicos de este contexto porque llegó un punto en que los hechos ya no pudieron ocultarse, evadirse ni disfrazarse. Pero en otra región del país, menos mediatizada y por lo tanto menos atendida, la población ha tenido que soportar hechos también brutales, sobrevivir al miedo, convivir o hacer como que no ve el delito y al que lo comete, pagar protección o de plano irse. Así se vive en Tamaulipas.

La entidad que gobierna Francisco García Cabeza de Vaca tiene muy definidas sus zonas de peligro por el narcotráfico: Reynosa, Laredo, Río Bravo, Matamoros; sin embargo, el estado es el que tiene la mayor cantidad de desaparecidos del país, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas cuyo más reciente reporte consigna 6 mil 131 personas en esa condición. Además, en mayo, Ciudad Mante fue tema nacional cuando Lala cerró su planta por la inseguridad.

Por eso, cuando el equipo de Andrés Manuel López Obrador anunció que se cancelaban los foros de pacificación, los colectivos tamaulipecos que buscan desaparecidos soltaron reclamos porque a falta de apoyo institucional son ellos los que han asumido la búsqueda y pagado sus consecuencias, incluso con la vida, así que no quieren que otro gobierno los vuelva a dejar solos.

Fue así como hicieron que Alfonso Durazo, la carta del próximo presidente de México para llevar la política de seguridad pública, viajara esta semana a Ciudad Victoria y escuchara que ahí quieren un plan bien hecho y derecho, a la medida de su problemática, trazado en lo particular y no una estrategia diseñada en lo general desde un escritorio.

Hubo más de 20 grupos ciudadanos, entre ellos la Asociación de Periodistas Desplazados y los colectivos Red de Desaparecidos en Tamaulipas, Familias Unidas de Tamaulipas, Ciencia Forense Ciudadana, Buscando tus Huellas con Fe y Esperanza y Jiménez.

Durazo les prometió que los mandos policiacos o jefes políticos que han permitido que escalara la delincuencia organizada y la violencia en México, serán llevados ante la justicia. Ofreció que no habrá impunidad, así sean influyentes o protegidos.

Ya no más politización de un problema tan serio, ya no más el clásico de echarse la pelotita entre los niveles de gobierno, ya no más insensibilidad ante el dolor y ya no más intentos de ocultar la verdad de lo que pasa en México, les dijo.

Tres años fue el plazo prometido para que entidades como ésta, con las estadísticas de inseguridad más preocupantes, registren un cambio, pero la petición de que regrese cuando tenga un plan hecho a la medida del horror de Tamaulipas, fue lo que escuchó Durazo como despedida.

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JJ/I