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Quinto Patio

El Comité de Participación Social (CPS) acordó el 18 de agosto solicitar a diversas instancias investigar un eventual conflicto de intereses en el nombramiento de una funcionaria del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA). Los diputados locales no hicieron caso. El CPS advirtió que empalmar las convocatorias para elegir a tres magistrados, uno de la Sala Superior del TJA y dos del Poder Judicial, podría manchar la legitimidad para desahogar ambas decisiones.

Esto sucedió luego de que las fracciones parlamentarias del Congreso del Estado soslayaran la recomendación que hizo el comité estatal del propio Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de reformar el procedimiento de selección para buscar consensos. Bueno, ni un memo mandaron de respuesta los legisladores. Total, que el CPS hizo ayer un fuerte pronunciamiento (que hay que leer) sobre la designación de los magistrados.

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A la crítica a los diputados se sumó la Cámara de Comercio: “No más cuotas y cuates en el Congreso. La actuación de los diputados locales de Jalisco en la última sesión del pleno dejó en claro que las viejas prácticas del amiguismo, cuotas y cuates, no se ha ido”. Es preocupante que se hayan ignorado las recomendaciones del CPS en la elección de un magistrado del TJA (Fany Lorena Jiménez), clave para combatir la corrupción, expone. “Como sociedad no podemos permitir un Congreso que dé la espalda a los ciudadanos”, advierte la cámara, que respalda al SEA y exige explicaciones a los legisladores. “No puede suceder lo mismo con las próximas designaciones”.

También José Medina Mora, vicepresidente nacional de Coparmex, planteó en un tuit su total respaldo al comunicado del CPS “en contra de nombramientos que no toman en cuenta la valoración de perfiles y aptitudes. #SinCuotasNiCuates, JaliscoSinCorrupción”. ¿Así? ¿O necesitarán gotas en los ojos los legisladores?

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La imagen que circuló ayer podría titularse “ya hicimos las paces”: aparecen caminando por una calle enterregada el gobernador electo Enrique Alfaro Ramírez y el futuro delegado del gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí. Van uno al lado del otro, Lomelí un poquito atrás. Miran al suelo para no caerse. Parece que algo comentan. Ambos vestidos con camisa blanca; al parecer guayabera, Lomelí; la camisa arremangada, Alfaro. Es una foto en gira de trabajo. Juntos, haiga sido como haiga sido, tras echarse varios rounds en la campaña electoral.

Los textos que circulan podrían cabecearse “ya hicimos las paces”: “Recorrimos algunas zonas con alta marginación en #PuertoVallarta junto al futuro titular de la Sedatu, @MeyerFalcon, el alcalde @ArturoDavalos y el próximo delegado estatal, @DrCarlosLomeli; el escenario es indignante y no podemos esperar a tomar protesta para prepararnos”, dice en un tuit Alfaro. “No vamos a permitir que la distancia entre quienes tienen mucho y quienes no tienen nada siga creciendo. El desarrollo económico de Vallarta volverá a tener un componente básico que estaba en el olvido: justicia social”, añade Alfaro. Lomelí retuiteó el primer texto. La paz quedó sellada.

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La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) le entró al tema de la inseguridad que padecen estudiantes del CUCEI de la UdeG. Y lo hizo con proposiciones. Una es que la Fiscalía General del Estado, de forma inmediata y urgente, en “concurrencia” (hacía mucho que no leíamos ese término… perdón) con el Ayuntamiento de Guadalajara, coordine acciones de inteligencia policial y de intercambio de información de la zona aledaña al campus, para identificar personas y grupos delictivos, y detenerlos con las formalidades que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales. O sea, que hagan algo que siempre deben estar haciendo.

Ái nomás para que no se olvide, el 13 de marzo la CEDH dio a conocer la recomendación general sobre el derecho a la seguridad ciudadana y los derechos humanos de las comunidades universitarias de Jalisco. Se nota que hicieron poco caso. A ver si ahora sí.

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Esta vecindad se avergüenza de tantos mensajes xenófobos, racistas y agresivos que circulan en redes sociales contra los hondureños que huyen de la violencia y la pobreza de su país, y que ingresaron a México.

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da/i