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Los enfermos renales que nadie ve

En los primeros meses de 2017 habitantes de las comunidades de Mezcala y San Pedro Itzicán, en el municipio de Poncitlán, intensificaron sus protestas ante el aumento de casos de insuficiencia renal. Como respuesta, el gobierno del estado puso en marcha un proyecto para llevar todos los servicios básicos, especialmente el de abasto de agua potable y el acceso a la salud.

Se emprendieron algunas acciones, los secretarios de diferentes dependencias acudieron en varias ocasiones a las comunidades, se levantaron registros sobre la realidad del problema e incluso se determinó que la atención médica se les proporcionaría en Guadalajara. Alrededor de 40 pacientes con insuficiencia renal son trasladados desde municipios de la ribera de Chapala para ser sometidos a diálisis.

Pero todavía no había pasado la crisis y la mayoría de los secretarios dejó de cumplir con los proyectos. Se cubrió con la entrega de apoyos a través de programas sociales, se atendió la demanda de un pozo para abastecer a la comunidad de San Pedro Itzicán. Luego, prácticamente se olvidaron del tema.

Quienes necesitan diálisis deben trasladarse por alrededor de dos horas a la Zona Metropolitana de Guadalajara, para después pasar otras tres horas en la atención médica, sin contar el tiempo de espera en el hospital, y luego otras dos horas de regreso a casa. Esto, dos o tres veces por semana. El gobierno del estado y algunos Municipios apoyan con los gastos de los traslados, para el paciente y su acompañante, que se calculan en unos 400 pesos por cada uno en cada día.

El problema es que estas personas que son apoyadas significan apenas un pequeño número del total de afectados. Al resto, nadie lo ve. Sin contar que se sigue atendiendo el final del problema y no el origen.

Cuando estaba en campaña a la gubernatura del estado, Carlos Lomelí, futuro enlace del presidente electo Andrés Manuel López Obrador en Jalisco, ofreció construir una clínica.

La edificación de esa clínica incluso comenzó en un punto conocido como la cuesta de Mezcala, pero fue abandonada en obra negra, por lo que sigue siendo apenas una promesa.

También en los últimos dos años se ha hecho una serie de estudios para determinar qué es lo que provoca la alarmante presencia de casos de insuficiencia renal. Las conclusiones de autoridades y especialistas apuntan a diferentes factores, desde la contaminación del agua, el posible uso de fertilizantes y plaguicidas, hasta las relaciones incestuosas. Esta última versión fue respaldada, principalmente, por el ex secretario de Salud Antonio Cruces Mada.

Pero una vez que la efervescencia mediática pasó, y también las campañas, el tema dejó de ser una de las prioridades para los actores políticos. A la fecha no hay un diagnóstico concluyente y, lo peor, ni siquiera un listado formal del número de personas afectadas; como consecuencia, tampoco hay atención médica adecuada para todos los enfermos, no hay campañas preventivas y menos un proyecto formal para abordar de manera integral el tema.

El Diario NTR Guadalajara publicó que médicos privados que realizan campañas de atención médica gratuita en toda la entidad alertaron sobre un subregistro de casos en el municipio de Poncitlán. Mientras la Secretaría de Salud reportó 16 casos, ellos hicieron un levantamiento domiciliario y encontraron 267.

Es cierto que esta última cifra no puede tomarse como oficial, pues no se trata de expedientes médicos, pero sí prueban la superficialidad con la que se ha atendido un tema tan grave, pues hablamos de vidas humanas.

Este caso fue llevado al Tribunal Latinoamericano del Agua, donde fue presentado como una epidemia. El actual gobierno va de salida, pero el próximo tendrá que sujetar esta papa caliente.

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da/i