¡No más agua envenenada!

Del 22 al 26 de octubre tuvo lugar la 12ª audiencia del Tribunal Latinoamericano del Agua. En el evento se presentaron y examinaron ocho casos de afectaciones en comunidades indígenas y localidades rurales de Sonora, de los Valles Centrales de Oaxaca, de la cuenca de los ríos Atoyac y Zahuapan, en Puebla y Tlaxcala, Antioquia en Colombia, el Lago Atitlán en Guatemala, así como en Mendoza, Argentina.

Con las peculiaridades propias de cada caso, el común denominador es que las aguas saludables de estas cuencas y ríos, de las que se abastecían las comunidades originarias, poblaciones e industrias, las han utilizado como bienes privados para lavar minerales, para el uso industrial y después vierten a los ríos los desechos, químicos y aguas contaminadas sin tratamiento alguno. Como resultado tenemos que aguas limpias han sido contaminadas, aguas de uso público se han ido privatizando y a la vuelta de los años a las comunidades que ahí han vivido en esos territorios,  por siglos, se les desplaza de sus tierras y se les impide que utilicen sus propias aguas, mientras que a empresas, agroindustrias y mineras se les permite la extracción y uso del agua, sin la exigencia de limpiarla, antes de devolverla a los ríos, como sucede en los Valles Centrales de Oaxaca.

En todos los casos examinados resulta lamentable que los gobiernos, que debieran garantizar “el derecho humano a disponer del agua”, son los que han propiciado la expulsión de los pobladores de sus localidades, la privatización del agua o su contaminación indiscriminada, sin medir ni cuidar el impacto ambiental o las afectaciones a la salud de las personas que viven en esas comunidades.   

Caso aparte es el de los pueblos de la ribera de Chapala, tanto por la gravedad de lo que ahí sucede, como por la cercanía de San Pedro Itzicán y la Isla de Mezcala a la capital del estado. En el caso de estas comunidades de la etnia Coca, se denuncia la inacción del Estado mexicano, del gobierno de Jalisco y se demanda que la Conagua y la Semarnat elaboren estudios precisos para conocer el grado de contaminación de toda la Cuenca del Lerma-Santiago y atiendan puntualmente las afectaciones a la salud que padecen los pobladores de esas comunidades indígenas. Los comuneros exigen que se les restituya el derecho que tienen al “agua saludable”, que se traten adecuadamente las aguas en la ribera norte del lago y que se cumplan los estándares internacionales en el saneamiento de las aguas.

En los últimos 10 años, las comunidades referidas, además de Cuitzeo, Agua Caliente, San Juán Tecomatlá, etcétera, demandan que se exija el tratamiento de aguas de desecho industrial y de las que vierten los centros de población a través de los mil 740 kilómetros de la cuenca que desemboca en Chapala, abastece en 60 por ciento a Guadalajara, y es hábitat natural de peces, fauna silvestre y aves. Las afectaciones a la salud de los humanos lleva en su cuenta 863 muertes por contaminación, 776 de las que la causa directa es insuficiencia renal, 226 por cáncer. Entre los que todavía tienen la suerte de estar vivos, 3 mil 285 tienen afectaciones atribuibles a la contaminación del agua, por la concentración de mercurio en la sangre.

El panorama suena trágico y realmente lo es. Frente a los testimonios presentados por comuneros y familiares de los afectados, los propósitos de los funcionarios encargados de sanear y mejorar la calidad del agua en la cuenca y comunidades aledañas al lago de Chapala suenan vacías. Ya es hora de que los funcionarios e instituciones públicas asuman seriamente sus compromisos, pues la gente de Poncitlán, Chapala, etcétera, sigue muriendo lentamente y el agua ya no es vida para ellos. Esperemos que ante la llamada de atención y la exigencia del Tribunal Latinoamericano del Agua, el clamor de los afectados y sus familias sea realmente atendido.

da/i