Un año del Comité de Participación Social

A días de cumplirse el primer año de su instalación, el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Anticorrupción del Estado (SAE) hizo público resumen de a qué se ha enfrentado para cumplir su cometido de ser “un canal de interacción entre la sociedad civil y las instituciones de gobierno en el combate a la corrupción”. El listado de las barreras lo dio a conocer a propósito del enésimo reparto de cuotas que sin rubor acordaron los diputados locales y sus partidos políticos; el botín en este caso fueron tres magistrados, dos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y uno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, en que los dictámenes técnicos del comité fueron hechos a un lado de manera desvergonzada.

Ante lo ocurrido, los integrantes del CPS señalaron que no son pocas las voces que se preguntan cuál es la importancia de continuar participando en el comité y el SAE, cuando algunas autoridades son proclives a soslayar la opinión técnica que formula. Y cuando dicen “algunas autoridades” tengamos en mente a “algunas autoridades” del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, sin descartar al Poder Judicial a través de presiones vía cabildeo.

Ante la pregunta, considera el CPS que precisamente cuando se terminan imponiendo “los intereses de facción sobre los intereses del bien común”, es más importante la presencia de voces que insistan sobre la transparencia y el mérito en este tipo de procesos.

Añaden, con base en lo anterior, que no se espere que el CPS se rinda ahora cuando ha superado, y aquí viene el listado de lo que ha enfrentado desde el 1 noviembre del año pasado, primero, “convocatorias premeditadamente atropelladas y con plazos exiguos”, como aquella con la que los recibieron en 2017; segundo, que no se espere que el CPS se dé por vencido ahora que superaron “interesados bloqueos presupuestales”; tercero, no se espere que se quede quieto y callado cuando hay mucho que hacer en la lucha contra la corrupción y la promoción de la integridad; cuarto, cuando en el contexto del nombramiento de los tres magistrados quedó al descubierto cómo al enfrentar al poder y los recursos que utiliza para encubrir hechos de corrupción y eludir sanciones, no tomó en cuenta el Congreso del Estado los dictámenes y la solicitud no cumplida de investigar un eventual conflicto de intereses al nombrar a la magistrada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa.

Es decir, a uno de los organismos que se creó para “proponer políticas públicas, metodologías e indicadores de evaluación contra la corrupción” y, sobre todo, vigilar el funcionamiento del SEA; que “trabaja en conjunto con el Comité Coordinador y el secretario técnico para la integración del componente ciudadano en la conformación de los informes, recomendaciones y políticas públicas que se consideren necesarias para el buen funcionamiento del sistema”, se le obstruye, le escamotean apoyos, lo tratan con desdén y hasta se conspira en su contra para que no cumpla sus funciones.

El Observatorio Permanente del SEA señala que en el primer año de ponerse en marcha el sistema estatal detectó “fuertes inercias y resistencias difíciles de romper y que tienen por objetivo, inconsciente o conscientemente, por lo menos hacer lento su avance y de ser posible, obstaculizarlo por completo”. Aunque añade que ha sido testigo del “arduo y persistente trabajo” realizado por personas y funcionarios para propiciar su avance y consolidación.

Reconoció el observatorio el buen trabajo del primer presidente del CPS, Jorge Alberto Alatorre Flores, quien sentó las bases que proveen al sistema la solidez para enfrentar lo que llama “capturas”, entre las que identifica como las más importantes: “La captura legal por leyes mal hechas, incongruentes incluso contradictorias”; “la captura de los nombramientos hechos al modo atendiendo a presiones o intercambios partidistas”; “la captura por medio de los presupuestos insuficientes” y “la captura por medio de estrategias como el boicot e incluso el sabotaje para contener el avance del sistema”. La corrupción corre por las venas del sistema político mexicano. Cortarla es tocar su esencia.

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JJ/I