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Vecinos de la colonia San Rafael, en Guadalajara, acusaron hostigamiento derivado de la oposición a la construcción del desarrollo inmobiliario de Grupo San Carlos; presunta complacencia de autoridades municipales para que la inmobiliaria burle la ley; así como incumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ).
Las personas opositoras al complejo de departamentos “han sido hostigadas en sus domicilios a través de amenazas directas. A varias compañeras las han grabado, fotografiado y perseguido para intimidar y que no sigamos con nuestra labor de denuncia y documentación de irregularidades. Personal de la constructora ha seguido a mujeres del colectivo para que no sigan con sus actividades de monitoreo de la zona. Han mandado a personal para retirar las mantas de descontento por la obra. También han iniciado una campaña de desprestigio, como fue el caso de una supuesta encuesta de Berumen, y la publicación de inserciones pagadas en algunos periódicos”, sostuvo la representante del Colectivo Vecinos Unidos por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas, Gabriela Cervantes.
También presumieron la contratación de personal para orquestar ataques y descalificaciones en redes sociales. De manera presencial, algunos hombre que llegan en camionetas “intentan asustar para que los vecinos se desistan de los juicios y de seguir en la lucha”. Mientras por la vía legal, los abogados de los habitantes han sido denunciados por Grupo San Carlos con el argumento de que no se pueden promover dos amparos por el mismo asunto, enlistó la activista.
Por lo anterior: “Hacemos responsables en todo momento a la constructora y al personal del ayuntamiento de Guadalajara y del gobierno del Estado de cualquier agravia, accidente, intimidación o desaparición de cualquiera de los compañeros vecinos o integrantes de este colectivo, así como de nuestros abogados a manera de represalia por la lucha social que estamos dando en este momento y que ponen en riesgo nuestra propia vida”, recalcó.
Por órdenes judiciales, desde hace meses están suspendidas las obras inmobiliarias localizadas cerca del Parque San Rafael, a un costado del extinto Club Chivas.
Hace unos días trabajadores de la construcción ingresaron al sitio donde se construye el complejo llamado Gran San Rafael argumentando conflictos laborales. Representantes vecinales opinaron que la huelga es una simulación, para justificar el ingreso, salida y movimientos en el lugar.
“Como no han podido con las suspensiones, están buscando otras vías”, sostuvo Alejandro Cárdenas, abogado de los vecinos.
Por su parte, Grupo San Carlos señaló en un comunicado: “La empresa es ajena a las acciones realizadas por los trabajadores, que ingresaron a la obra en suspensión Gran San Rafael, ubicada en la Avenida Historiadores y la Calle Manuel M. Ponce, en Guadalajara. El personal pertenece a la Confederación de Trabajadores de México (CTM)”.
De la suspensión vigente, “ha sido respetada siempre por la empresa”, agregó.
Hace seis meses la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) emitió recomendaciones a favor de los vecinos de San Rafael. Sin embargo no se han presentado informes ni resultados, por lo que Gabriela Cervantes instó al cumplimiento y respuesta.
“Invitamos a la Coordinación de Seguimiento de la Comisión, principalmente al abogado Fernando Zambrano Paredes, que dé celeridad a sus procesos y nos dé la certeza de que se trabaja para garantizarnos el acceso a la justicia y al pleno goce de nuestros derechos humanos. Las prácticas dilatorias sólo nos llevan a perpetuar la violencia desde las estructuras gubernamentales”, anotó la líder vecinal.
El activista Sergio Morales señaló que el gobierno tapatío ha sido omiso en el cumplimiento de las medidas cautelares. "Existen más de 25 conflictos ambientales en la Zona Metropolitana de Guadalajara". Las luchas ambientales están directamente ligadas con los derechos humanos, recalcó.
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