Un fiscal que sirve

Esta semana comenzó un proceso distinto al que se ha vivido en administraciones anteriores para la designación de uno de los cargos más significativos, el de quien será el fiscal general en el gobierno que comienza este 6 de diciembre. Por primera ocasión los candidatos a ocupar el cargo comparecieron ante lo que podríamos considerar la representación institucional de la sociedad civil, el Consejo de Participación Social (CPS).

El ejercicio no fue el ideal, pero sí fue distinto. En el contexto actual, fue un mínimo indispensable para conocer más del perfil de quienes podrían ocupar ese cargo.

¿Qué habría sido mejor? Primero que se hubiera dado la reforma para dar autonomía a la Fiscalía General y que de esta forma el titular de la dependencia no tuviera que rendir cuentas de manera directa al gobernador. Sin embargo, después que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador rechazó la posibilidad de dar este paso, ofreció a los gobernadores de los estados la coartada perfecta para no tener que enfrentar esa polémica.

De esta manera, el fiscal general será nombrado por el próximo gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, que sólo tendrá que someterlo a la aprobación del Congreso del Estado. Ahí, aunque su partido Movimiento Ciudadano no tiene mayoría, parece que no tendrá mayores dificultades para lograr consenso. Por lo menos eso fue evidente en los cambios a la estructura del Poder Legislativo.

Lo anterior significa que, de forma y de fondo, el gobernador será el jefe del próximo fiscal. Es decir, despidámonos de la autonomía.

El ejercicio que realizó el CPS, con las entrevistas a los candidatos, fue interesante en la medida que permitió conocer su visión sobre algunos temas. Lo más importante es que no sólo permite saber de sus conocimientos jurídicos sobre el cargo que desempeñarían, pues eso ya de alguna manera está plasmado en su currículum. Lo que puede ser de mayor utilidad es lo que piensan de algunos temas y la manera en que resolverían los graves problemas de inseguridad que enfrenta el estado, en gran medida por una muy deficiente procuración de justicia.

Aunque será interesante conocer el informe que emitirá el CPS, se pueden ya sacar algunas conclusiones de lo que estaría buscando el gobernador electo en el próximo fiscal.

El rasgo más relevante que se desprende de las respuestas de los candidatos, es que Enrique Alfaro parece querer un fiscal de perfil duro.

En la lista hay dos candidatos que ya tuvieron experiencia en procuración de justicia, Salvador González de los Santos y Gerardo Octavio Solís Gómez, así como un académico.

En el caso de los dos candidatos que ya ocuparon la ex procuraduría general de justicia, ambos tienen su historia en recomendaciones por violaciones a derechos humanos. Algo que llamó la atención en los dos es que consideran que las quejas por esta razón son una especie de recurso usado por delincuentes ante resoluciones penales. Ninguno aceptó su intervención en hechos documentados por las comisiones estatal y nacional de derechos humanos.

Lo relevante en este caso será si el gobernador electo está dispuesto a tomar en cuenta el informe del CPS, cuyos indicadores se basarán en el modelo diseñado bajo los principios de Una fiscalía que sirva.

Hasta ahora, en términos generales, los bosquejos de decisiones de Movimiento Ciudadano apuntan más a la imposición que al consenso con la sociedad civil. Bajo el principio de “el pueblo nos eligió”, diseñan un estado bajo su única visión.

En los pasillos de la política se asegura que el fiscal será Gerardo Octavio Solís y que todo lo demás es sólo un montaje para que la decisión salga fortalecida por ese proceso de socialización. Al tiempo.

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