Legalizar desde una mirada de conjunto

La legalización de la marihuana es un tema que lleva tiempo discutiéndose en México. El nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador encuentra en su legalización un efecto pacificador.

El proyecto de la futura secretaria de Gobernación que presentó en días pasados al Senado busca regular y controlar la cannabis por medio de la creación de un instituto. Permite a cualquier persona mayor de edad sembrar, cultivar, cosechar y aprovechar hasta 20 plantas de la yerba para consumo personal en propiedad privada. Prevé también la opción de que se integren cooperativas de hasta 150 integrantes. Y abre también la puerta para que pueda fumarse en público.

Los funcionarios cercanos a Olga Sánchez Cordero han mencionado que la liberalización de la marihuana para uso recreativo desplazaría a los cárteles del narcotráfico y, por tanto, se daría fin a la violencia, además se sumarían importantes recursos para el erario, como ocurre en Estados Unidos y Canadá, donde la cannabis lúdica ya es legal.

Sin embargo, la terca realidad nos dice que eso no es así. El narcotráfico no se limita sólo a la marihuana y su trasiego no es lo único que genera violencia en el país.

El crimen organizado en México se constituyó en una megaestructura con capacidad de desarrollar y proteger a todo tipo de bandas delincuenciales, nacionales y extranjeras, ya sea que se dediquen al huachicoleo, al secuestro, al robo de autos, de camiones de carga, de casas habitación, de chantajes telefónicos, al cobro de plaza, a la venta de protección, al tráfico de órganos, de indocumentados y migrantes, y desde luego el tráfico de drogas, pero no sólo de la marihuana, sino sobre todo cocaína, heroína, y el de las que exigen procesos químicos.

Para los que urgen la legalización, uno de los argumentos principales es la generación de recursos muy importantes vía impuestos. La compra y venta legal de cannabis para cualquier fin, ya sea recreativo, médico o comercial, sería gravada con un impuesto como el que se aplica al alcohol o al tabaco: el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS). Además, tendría que pagar el impuesto al valor agregado (IVA).

Tenemos que reflexionar cuál sería el costo para la economía del país favorecer conductas que posteriormente van a generar problemas de salud de tan alta magnitud, que no habría presupuesto que alcance para resolverlos.

Presentan que con los recursos obtenidos, sólo con el gravamen a esta droga, podrán atenderse de manera integral, los temas de salud, investigación y ¡prevención de adicciones! Argumentan que el dinero de la cannabis al ser muy bien utilizado, podría generar, políticas públicas contra las adicciones y campañas informativas con énfasis en el interés superior de la infancia y adolescencia, además de dinámicas sociales positivas.

Un grave error en el que puede incurrir la ciudadanía es caer en esta dinámica de endiosar o satanizar a las distintas propuestas y donde el elemento emocional se convierta en el componente de la decisión.

Muchas decisiones políticas y ciudadanas se toman con base en la empatía o el rechazo, y no del razonamiento y el discernimiento; y aunque lo emocional es importante y transcendente en los procesos, el riesgo es que se convierta en el único referente para la toma de las decisiones.

Para muchos opinadores el tema de las drogas debe tratarse con una óptica diferente. Una óptica que permita transitar de un esquema mental y social prohibicionista, a uno respetuoso de la libre determinación de las personas, perspectiva que tiene que profundizarse y discutirse necesariamente en todos los ámbitos sociales.

El debate ciudadano sobre la legalización de la marihuana tiene que partir de una mirada de conjunto que incluya todos los aspectos y, sobre todo, buscar la congruencia. Como en muchos otros temas, nos prometen el paraíso, y terminamos en varios infiernos.

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JJ/I