Investiga la fiscalía 350 casos de tortura

La Fiscalía Anticorrupción del Estado investiga actualmente 350 casos de tortura cometidos por servidores públicos de la entidad, expuso su titular Gerardo de la Cruz Tovar.

Esta cifra abarca únicamente investigaciones que comenzaron desde noviembre de 2017 hasta el corte de la semana pasada.

Aunque reiteró que idealmente la Fiscalía Anticorrupción no debería de conocer este tipo de casos, recordó que, en septiembre de 2017, como parte de la creación de las bases de lo que sería el Sistema Anticorrupción del Estado, los legisladores locales realizaron diversas modificaciones al Código Penal del Estado. Entre éstas se incluyó el cambio de nombre del título séptimo, que pasó de ser relativo a los “delitos cometidos por servidores públicos” a “delitos por hechos de corrupción”.

Si bien en este apartado se abordan delitos como el enriquecimiento ilícito, el cohecho, el peculado o el tráfico de influencias, también se incluyen los casos de abuso de autoridad, desaparición forzada o la tortura.

“En Jalisco no se creó una Unidad de Investigación para la tortura ni una Fiscalía Especializada en el Combate a la Tortura. Hace tiempo que se creó una Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, pero ellos no llevan a cabo investigación”, lamentó.

A pesar de lo anterior, expuso, la Fiscalía Anticorrupción solicitó al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) que a las víctimas que se les aplicara el Protocolo de Estambul; como respuesta, se le asignaron dos peritos que tienen una lista de espera previa de 325 casos.

Lo anterior lo expuso al participar en el Foro sobre la Implementación de la Ley Estatal contra la Tortura, organizado por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), donde también se brindaron testimonios de víctimas y se dieron datos sobre el panorama del delito en la entidad.

MAQUILLÓ CIFRAS CEDHJ

Durante la gestión de Felipe de Jesús Álvarez Cibrián al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), puesto en el que permaneció una década (2007-2017) los números respecto a quejas y recomendaciones relativas a casos de tortura cayeron drásticamente, expuso Ana Karla González Lobo, integrante del Cepad.

“Las quejas de tortura, lesiones y otras violaciones a derechos humanos disminuyeron notablemente de la siguiente forma: las quejas de tortura se venían comportando entre aproximadamente 150 y 161 quejas de lo que era 2001 a 2006; en 2007 disminuyen considerablemente al grado de llegar, en 2013, a tener únicamente cinco registros”, detalló.

Entre 2010 y 2016, expuso, sólo se emitieron 35 recomendaciones identificadas por la CEDHJ como casos de tortura (aunque un análisis propio del Cepad encontró hallazgos de este delito en 147 casos). De éstas, sólo cuatro tuvieron un cumplimiento satisfactorio.

Vigilarán elección del fiscal

Las organizaciones civiles que trabajan en la defensa de los derechos humanos estarán al pendiente del proceso de elección del próximo fiscal general del estado para asegurarse de que no quede un perfil que cuente con señalamientos previos de violaciones en este ámbito, advirtió César Pérez Verónica, director ejecutivo del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).

A finales del mes pasado, el gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, hizo llegar al Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Anticorrupción del Estado (SAE) los nombres de las tres personas que considera para ocupar dicho cargo. Se trata de los ex procuradores Gerardo Octavio Solís Gómez y Salvador González de los Santos, y de Rodrigo Lazo Corvera, académico sin experiencia previa en materia de procuración de justicia.

 “Las violaciones graves a los derechos humanos se cometen también desde la Fiscalía General del Estado, por lo tanto, necesitamos que quien llegue a ese cargo no esté bajo la sospecha de ser un violador de derechos humanos, como sí lo están dos de ellos. Sería un mal mensaje por parte del gobernador electo que alguno de éstos”, expreso el activista.

Solís Gómez se desempeñaba como procurador durante el 28 de mayo de 2004, cuando las protestas derivadas de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe se saldaron con, al menos, 73 retenciones ilegales, 55 tratos crueles y degradantes, 73 actos de incomunicación y 19 casos de tortura.

En tanto, durante el paso de González de los Santos (2005 al 2007) la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) presentó diversas recomendaciones por violaciones cometidas por personal de la instancia a su cargo. Darío Pereira

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FRASE

“En Jalisco no se creó una Unidad de Investigación para la tortura ni una Fiscalía Especializada en el Combate a la Tortura”
Gerardo de la Cruz Tovar, fiscal anticorrupción

JJ/I